MADRID.- La modificación de la Ley de Costas, uno de los caballos de batalla del empresariado turístico, ha llegado a su fin tras la aprobación en el Congreso de los Diputados y el Senado con el único voto a favor del Partido Popular. Miguel Arias, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha sido el encargado de llevar adelante esta modificación legal que no ha dejado satisfecho a la izquierda ni a los ecologistas.
Una de las novedades del nuevo cuerpo legal es la inclusión del cambio climático como factor a tener en cuenta para mitigar la exposición del litoral español al mismo. El ministro ha explicado en el Congreso que esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, y aumentando en todo caso su protección. Asimismo, en el texto legal se prohíben nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona contigua de servidumbre de protección. También se mantiene la prohibición de la edificación residencial en la costa y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.
La nueva redación de la Ley de Costas excluye núcleos de población del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas. Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Eso sí, se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
En lo que se refiere a los chiringuitos de playa, la Ley conserva los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre y desde el ministerio que dirige Arias han explicado que se les dará más seguridad, en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, a la vez que se les exigirán más requisitos en términos de ordenación y cuidado de las playas. Otro punto polémico de la ley han sido las concesiones. Las mismas se prorrogan a los propietarios de viviendas situadas en la playa antes de 1988, hasta un máximo de 75 años. Durante la concesión y sus prórrogas se debe garantizar la conservación de la costa y, además, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilización en esa conservación del domino público. Este punto no ha gustado al BNG, partido gallego que se ha quejado de que la empresa ENCE, en la ría de Pontevedra y a la que se ha ampliado la concesión, sigue contaminando.
Por otro lado, el Estado recupera la competencia para conceder prórrogas a las industrias situadas en el litoral, un trámite que antes estaba reservado a las comunidades autónomas. Se supone que con ello se garantizará de mejor manera el interés general y la protección medio ambiental. Además, la nueva normativa contempla la posibilidad de celebrar eventos de interés general con repercusión turística en algunos tramos de playa y que se puedan permitir los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio portuaria, donde se prohíben las edificaciones para residencia o habitación.
Opinión ecologista
Ecologistas en Acción, una ONG que defiende el medio ambiente, ha argumentado que esta ley es una “locura” y que supondrá una privatización del litoral, ya que se aumenta la duración de las concesiones hasta 75 años. Portavoces de esta ONG también apuntan a que el Estado deberá hacerse cargo, con dinero de todos, de posibles daños producidos por el cambio climático en propiedades de costa que no deberían estar ahí.
Greenpeace, otra de las organizaciones no gubernamentales más poderosas y mediáticas en la defensa del medio ambiente, protestó el mismo día que se aprobaba la ley en el Congreso con el acceso de dos de sus militantes al tejado del palacio donde se reúnen los diputados. La policía tuvo que desalojarles y se les imputa un delito contra las instituciones del Estado, aunque será difícil que prospere. Greenpeace considera que se rebaja la protección medioambiental de la costa y se aumenta su privatización. La ONG denuncia que se exima a doce municipios de cumplir esta ley, así como la reducción de la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos, la desprotección de los más importantes humedales costeros y dunas y la oca atención a las consecuencias del cambio climático sobre el litoral español.