José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid | Foto: Ayuntamiento de Madrid
El negocio de la vivienda turística puede tener los días contados en Madrid. El Ayuntamiento de la capital española, dirigido por Manuela Carmena (Ahora Madrid), está preparando una ordenanza que impedirá convertir pisos residenciales en pisos turísticos. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, se ha reunido con diferentes asociaciones y expertos para presentar el borrador del plan especial para la regulación de los pisos turísticos.
La intención del Ayuntamiento es dividir la capital en cuatro zonas en función del número de alojamientos turísticos con el que cuenten. En las dos primeras zonas, que comprenden todo el centro de Madrid (distritos de Centro, Chamberí, Arganzuela, Salamanca, Retiro y el barrio de Argüelles) el Ayuntamiento quiere prohibir el cambio de uso residencial a turístico de las viviendas, excepto que la vivienda cuente con acceso independiente desde la calle. Esto significa que los pisos turísticos que se encuentren en bloques de viviendas no podrán existir de forma legal, ya que su acceso se realiza generalmente a través de un portal común. En el resto de zonas de la capital, el Ayuntamiento exigirá un plan especial para aquellas viviendas que quieran reconvertirse.
El Ayuntamiento de Madrid ya puso en marcha una moratoria en la concesión de licencias para la apertura de nuevos pisos turísticos, que sigue en vigor durante un año y que ha limitado el registro de nuevas viviendas para alquilar a particulares, sobre todo a través de plataformas como Airbnb o similares. La moratoria no afecta a la oferta de alojamiento por menos de tres meses en viviendas, ya que la legislación autonómica no las contempla como alojamiento turístico ni como actividad empresarial.
Precisamente, la tibia regulación autonómica sobre el alquiler viviendas es la principal queja de asociaciones de vecinos y de asociaciones hoteleras. La competencia para regular el turismo en la Comunidad de Madrid le compete al gobierno regional, que ha visto como los tribunales han tumbado su primer decreto sobre vivienda turística, en el que se limitaba el alquiler por menos de cinco días y se imponían una serie de requisitos que la justicia consideró desproporcionados. El Gobierno de la Comunidad de Madrid (Partido Popular) no ha querido profundizar en una reforma del decreto, definiendo con más claridad qué se entiende por vivienda turística y cuáles son sus obligaciones. Por eso, el Ayuntamiento de Madrid ha tomado la iniciativa a través de su competencia para ordenar el urbanismo en la ciudad, dentro de la que se enmarca el plan especial que Calvo ha presentado a más de 80 entidades, entre las que se incluyen asociaciones hoteleras, asociaciones de vecinos o expertos de sectores económicos, entre otros.
La nueva regulación, que puede entrar en vigor antes del verano, va en línea con los movimientos de otras ciudades que sufren mucha más afluencia turística que Madrid. Hace una semana, Islas Baleares anunció que doblaba su tasa turística en los meses de verano y que pretende prohibir la apertura de viviendas turísticas en la capital balear. Por su lado, Barcelona ha tomado decisiones similares en cuanto a los pisos turísticos, con el objetivo de controlar la oferta y el tipo de turista que atrae la misma.
Desde la Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid (La Unión) y la Asociación de Empresarios del Hospedaje de la Comunidad Autónoma de Madrid (AEHCAM) han manifestado que el paso dado por Madrid “supone el final de la impunidad de las viviendas turísticas y la puesta en marcha de un plan para acabar con la degradación de la convivencia ciudadana y del deterioro de la imagen social de la actividad turística”. Las quejas de asociaciones de vecinos se han centrado en los problemas de convivencia que se crean en las comunidades de propietarios por el acceso de turistas incívicos, la suciedad que provocan y la difícil convivencia. También por el cambio que se está produciendo en los barrios, en sus comercios y en su vida social. Por su lado, los hosteleros temen la competencia económica de los pisos turísticos por su falta de regulación legal y fiscal.
