La tendencia de todos los estados, incluso de los más democráticos, de controlar a sus ciudadanos ha sido una constante en la historia. Razones como la seguridad han sido la pantalla perfecta en épocas de incertidumbre para crear legislaciones que no dudasen en penetrar en la más estricta intimidad de los ciudadanos. Es lo que ha sucedido con el reciente acuerdo al que han llegado
A falta de saber el alcance concreto del texto legal, que se hará público el 10 de julio, las primeras noticias son bastante desalentadoras. Que se proporcionen datos como el DNI, el nombre o el hecho de haber embarcado en el último momento no es excesivamente preocupante. Sin embargo, que se cedan informaciones como la orientación sexual, la raza o la religión es significativo de la paranoia que cubre a nuestros mandatarios. Éstos son datos confidenciales y personales que nadie debe estar obligado a proporcionar. Países como España prohíben constitucionalmente la cuestación e identificación de la persona a través de estos datos. Así que habrá que ver el encaje jurídico que tienen estos datos en nuestro país.
Pero, lo más preocupante es la locución “circunstancias muy especiales” que un alto funcionario de Bruselas ha expresado para referirse a los casos en los que podrán cederse estas informaciones. En ella puede entrar casi cualquier situación. Aún así, habrá que esperar a conocer la redacción jurídica definitiva del cuerpo legal. Aunque desde aquí llamamos la atención sobre la posibilidad de que el acuerdo pueda ser recurrido ante el Tribunal de Justicia de
