Los estadounidenses podrán demandar a empresas y particulares que hayan realizado negocios con sus propiedades confiscadas por el Gobierno cubano tras la revolución que llevó a Fidel Castro al poder en 1959. Donald J. Trump, presidente de los EEUU, ha activado el Título III de la Ley Helms-Burton (cuyo título original es Ley para la libertad cuba y la solidaridad democrática), aprobada en 1996, cuya efectividad había sido suspendida por los sucesivos gobiernos estadounidenses.
La medida puede afectar a las empresas internacionales que operan en Cuba, entre ellas diferentes cadenas hoteleras, que poseen o gestionan edificios que fueron propiedad de estadounidenses hasta su expropiación por el primer gobierno de Fidel Castro. Y entre las compañías concernidas se encuentran hoteleras españolas.
Meliá Hotels, con sede en Palma de Mallorca, gestiona 39 alojamientos en Cuba bajo diferentes marcas (Meliá, Sol o Paradisus) y es la que más datos ofrece sobre su negocio hotelero en la isla. En un comunicado, la empresa ha confirmado la “no propiedad de bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación tras su expropiación en la década de 1960” y sostiene que “de dirigirse alguna reclamación contra algún hotel, nuestro papel sería el de meros gestores hoteleros”. La afirmación no revela nada nuevo, porque en Cuba las propiedades son del gobierno o bien de empresas estatales interpuestas que comparten propiedad con compañías privadas. Según datos de la compañía, el negocio de sus hoteles cubanos le aportó 14 millones de euros durante 2018, un 26% menos que en el ejercicio precedente, debido al efecto de los huracanes y la restricción de viajes de los estadounidenses a Cuba. El negocio cubano supone un 3% de la facturación en todo el continente americano para Meliá y un 0,76% de su volumen mundial.
¿La propiedad de los inmuebles es un elemento determinante? El Título III de la Ley Helms-Burton habilita a cualquier nacional estadounidense a que demande a aquellas personas (físicas o jurídicas) que hagan negocio con propiedades confiscadas por el Gobierno cubano. Y dentro de esta posibilidad cabe la demanda a empresas que, no siendo propietarias de esos bienes, obtienen un beneficio económico de los mismos. Por lo que Meliá podría ser llevada ante los tribunales en los EEUU por daños y perjuicios bajo la Ley Helms-Burton.
Lo mismo sucede con el resto de grandes grupos turísticos españoles que cuentan con hoteles en Cuba, aunque sea una parte de su negocio muy residual. La mallorquina Iberostar gestiona 20 hoteles en Cuba, aunque no desglosa datos sobre aportación económica por regiones. Por su lado, Barceló lleva el negocio de 3 hoteles en la isla y tampoco detalla la facturación que le aportan al grupo. NH Hoteles, cadena comprada en 2018 por Minor International, gestiona dos alojamientos en Cuba. El grupo Globalia, a través de su marca Be Live Hotels, gestiona siete alojamientos en Cuba. Por último, la cadena hotelera H10 gestiona cuatro hoteles en Cuba. Todas podrían ser objeto de una demanda por la explotación económica que realizan de esos bienes, si algún particular o empresa de los EEUU considera que los mismos le pertenecían antes de la revolución cubana.
La medida de Trump se suma a otras que ya ha tomado con respecto a Cuba. En primer lugar, el presidente de los EEUU ha restringido los viajes a la isla caribeña por motivos turísticos para los estadounidenses. También ha imposibilitado algunas transacciones económicas con Cuba. La intención es estrangular al régimen castrista (Fidel murió en 2016 y su hermano Raúl se retiró de la presidencia activa en abril) para incentivar la llegada de la democracia. Es la estrategia opuesta al anterior presidente estadounidense, Barak Obama, que relajó las presiones sobre la isla y realizó un viaje a la misma antes del fin de su mandato. La activación de la parte más polémica de la Ley Helms-Burton es otra vuelta de tuerca sobre Cuba, pero en esta ocasión con incidencia en las empresas extranjeras.
La Unión Europea (UE), a través de la Comisión, se ha posicionado en contra de la medida adoptada por Trump. En un comunicado, la UE no reconoce la aplicación extraterritorial de esta ley, puesto que afecta a actividades que se realizan fuera de los EEUU. Por ello, la UE indica que su aplicación se opone al derecho internacional y que si alguna empresa europea se ve afectada, la UE denunciará a EEUU ante la Organización Mundial del Comercio, activará la inaplicación de las resoluciones judiciales estadounidenses en la UE y permitirá que las empresas europeas demanden dentro de la Unión a aquellas que hayan hecho lo propio en los EEUU. No está claro que Trump, quien no ha dudado en iniciar una guerra comercial con China, se vaya a sentir intimidado por estas cuestiones.
