Paseo por la playa de dos jubilados | Foto: Alehidalgo para Pixabay
El máximo órgano fiscalizador del Estado español ha analizado los expedientes de las temporadas 2012/2013 y 2013/2014 en su informe 1.175. En ellos ha encontrado varios incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), beneficiarios que no figuran en las bases de datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) o justificación de puestos de trabajo creados que no se pueden comprobar.
En 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) licitó este contrato que tiene dos finalidades: facilitar vacaciones a un precio asumible para los mayores de 65 años (porque una parte la subvenciona el Estado) y garantizar un mínimo de actividad turística y creación de empleo durante la temporada baja en los destinos turísticos. Es decir, un programa ideado para desestacionalizar la demanda turística española, que se concentra en los meses de verano. La gestión de este contrato de 2011, que entonces estaba valorado en 350 millones de euros, recayó en la unión temporal de empresas denominada Mundosenior, formada por Viajes Iberia (Grupo Orizonia), Viajes Barceló y Viajes Halcón (Grupo Globalia). Tres de los conglomerados turísticos más importantes de España.
La primera irregularidad que detecta el Tribunal de Cuentas es el incumplimiento del artículo de la LCSP que obliga a resolver el contrato si se produce el concurso de acreedores y la liquidación del adjudicatario. En este caso, Mundosenior no ha quebrado, pero sí lo hizo uno de sus integrantes, ya que el Grupo Orizonia, propietario de Viajes Iberia, presentó la solicitud de concurso de acreedores el 4 de abril de 2013. A pesar de ello, el Imserso prefirió prorrogar el contrato a las dos empresas restantes.
Una nueva licitación habría provocado que dos de los grupos más importantes del turismo español, Barceló y Globalia, se hubiesen visto obligados de nuevo en 2014 a pugnar por el contrato con su competencia directa en el sector. Hay que recordar que en el último contrato de estos viajes, licitado en 2015, hubo polémica por la asignación de algunos lotes a Mundosenior (Barceló y Globalia) y por la adjudicación de otros a Mundiplan (Iberia, Alsa, IAG7 y Gowaii). Con esta prórroga, Barceló y Globalia siguieron manteniendo un contrato que les reportó 316,91 millones de euros, según las cifras que constan en el informe del Tribunal.
Otro de los puntos negros detectados es el desfase entre 6.573 beneficiarios que no fueron localizados en el cruce de datos de su DNI con la base de datos de acreditaciones, es decir, de viajes asignados. El Tribunal explica que “no queda debidamente acreditado que el Imserso proceda a realizar comprobaciones y verificaciones exhaustivas sobre la información que le remite la empresa adjudicataria”. Y el Tribunal añade más: “los errores y deficiencias detectados en el análisis efectuado sobre las bases de datos certificadas por el Imserso, así como en las facturas, deberían dar lugar a la rectificación de las facturas presentadas por la UTE”. Nada de esto ha realizado el Imserso.
¿Generación de empleo?
El objetivo de generar empleo en temporada baja se cumple, a juicio del Tribunal. Pero el informe señala un hecho curioso que deja espacio a la picaresca. El contrato obligaba a que los hoteles que eligiese Mundosenior creasen o mantuviesen 1.000 puestos de trabajo por cada 7.500 plazas ofertadas. Esta dinámica se debe realizar en las zonas hoteleras seleccionadas, porque ningún hotel cuenta con este número de plazas, por lo que se distribuyen entre varios establecimientos.
Para justificar la creación de empleo, cada hotel debía enviar a Mundosenior un documento en el que especificaba el número de contrataciones realizadas o mantenidas. Después, Mundosenior enviaba esta información al Imserso. El Tribunal de Cuentas explica que “el Imserso no dispone de información relativa a los datos de las personas contratadas por hoteles, lo que no permite al citado Instituto, ni ha posibilitado a este Tribunal, contrastar la información con la Tesorería General de la Seguridad Social sobre las contrataciones efectuadas y la duración de las mismas”. Es decir, que al tratase de listas con datos agrupados, el Triunal no ha podido comprobar la veracidad de la información y, por tanto, asegurar que se ha contratado al personal que los hoteles, y Mundosenior, dicen que se ha empleado.
Antes de 2011, los hoteles que participaban en el programa de viajes del Imserso debían remitir copia del contrato de trabajo que celebraban con nuevos empleados, lo que sí permitía asegurar que se había contratado o mantenido a trabajadores. Pero esta formalidad se abandonó y se decidió aportar sólo los datos agregados. Lo que el Tribunal viene a sugerir es que nadie puede garantizar que estas cifras de contratación no se manipulen para cumplir con los requisitos.
