De izquierda a derecha: Ana Pastor, ministra de Fomento; Soraya Saénz, vicepresidenta; y Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad | Foto: Moncloa
MADRID.- El proyecto de Ley de Garantía de la Unidad del Mercado ha iniciado su trámite en el Congreso de los Diputados. El último Consejo de Ministros ha aprobado la remisión de la norma a la cámara baja de las Cortes. Esta futura ley pretende “asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional”. La ley pretende poner en marcha los principios de licencia única y legislación de origen en todo el territorio nacional a imitación de su funcionamiento en la Unión Europea. Es decir, la intención del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy (PP) es que cualquier producto o servicio que se cree una comunidad autónoma pueda ser comercializado en todo el territorio nacional sin más trámites administrativos. En el caso del sector turístico, cada comunidad autónomas cuenta con su legislación específica sobre agencias o alojamientos, por ejemplo, lo que hace que muchas veces un mismo operador deba solicitar diferentes licencias y permisos para desarrollar su actividad.
Así, los principales puntos de esta ley se resumen en la libertad de que cualquier producto o servicio creado en una comunidad autónoma se pueda vender en el resto sin necesidad de modificación ni tramite especial. Esto evitará el coste de tener que someterse a diecisiete regulaciones diferentes, una por cada comunidad autónoma. Asimismo, la ley también limita los supuestos en que la Administración puede someter a autorización el ejercicio de las actividades económicas y se prohíbe específicamente la exigencia de requisitos que se fundamenten en el lugar de residencia del operador.
Por otro lado, la nueva norma regulará los mecanismos de cooperación entre administraciones para intercambiar información sobre las empresas que operen en sus respecivos territorios. Junto a ello, el Gobierno pondrá en marcha un procedimiento de resolución de conflictos. Por un lado, se legitimará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que recurra en los juzgados contencioso-administrativos aquellas normativas de las comunidades autónomas que vulneren la unidad de mercado. La admisión a trámite de este recurso podrá suspender de forma automática el acto recurrido y, además, las propias empresas podrán solicitar a la Comisión que interponga el recurso frente a la normativa que les afecte. El Gobierno también pretende que las sanciones que impongan las comunidades por incumpliento de las normas recurridas sean suspendidas hasta que un juez dicte lo contrario, lo que evitará pérdidas a las empresas.
El Ministerio de Economía y Competitividad, que ha sido el encargado de la elaboración de la norma, prevé que en una década el incremento del PIB que produzca esta Ley sea del 1,52% (unos 10.000 millones de euros, 1.500 millones por año)
