MADRID.- La investigación judicial del accidente de tren de Santiago de Compostela, ocurrido en la parroquia de Angrois el 24 de julio y que acabó con 79 muertos, sigue adelante y empieza a dar los primeros giros. El magistrado Luis Aláez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, ha imputado a los responsables de seguridad del tramo en que se produjo el accidente. En un auto (PDF) explica que “de las circunstancias conocidas en que se produce el siniestro permite inferir su conexión con la omisión de medidas de seguridad preventivas de naturaleza vial”, lo que le lleva a apreciar una “conducta imprudente de las personas responsables de garantizar una circulación segura en el tramo de la vía donde se produjo la catástrofe”.
Hasta el momento, Francisco José Garzón, el maquinista que descarriló el tren al entrar en una curva señalizada a 80 km/h al doble de la velocidad, era el único imputado y el juez reafirma en el auto que la causa directa del siniestro fue la deficiente conducción de Garzón. No obstante, en su auto el juez no nombra a los responsables, pero exige a Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, que le informe de quiénes son los responsables de la seguridad en el tramo del accidente. Una vez que la empresa pública identifique a estas personas, el juez les tomará declaración como imputados. Antes deberá hacer efectiva esa imputación a través de un nuevo auto, detallando los delitos que se les achacan y que serán, previsiblemente, los de homicidio por imprudencia.
Hay que recordar que la imputación de una persona no supone su culpabilidad. En el proceso penal español, el juez de instrucción se encarga de realizar la investigación y recopilar las pruebas para, una vez concluida la misma, elevar todo el material a un juzgado superior (o a la Audiencia Provincial en este caso) que será quien se encargue de juzgar, sentenciar y condenar. La imputación es una figura que proporciona los derechos de defensa y de acceso al procedimiento a las personas que tienen esta condición.
La señalización no era suficiente
En el auto, el juez explica que el tramo del accidente está precedido por una recta de más de 4 kilómetros en la que el tren puede circular a 200 km/h (la velocidad máxima permitida) y que un despiste del conductor puede ocasionar que no reduzca la velocidad antes de entrar en una curva tan pronunciada. El magistrado sostiene que para evitar que este despiste ponga en peligro la vida de las personas que viajan en el tren, “se debían haber adoptado otros procedimientos que salvasen o evitasen el resultado de aquella predecible equivocación advirtiendo del peligro y no ha sido así”.
Para el magistrado Aláez, la señalización de la vía, con una señal de reducción de volicdad 200 metros antes de la curva, no es suficiente para evitar las consecuencias trágicas de un despiste del maquinista. El juez afirma que “dicha omisión de medidas de seguridad [para reducir la velocidad del tren en caso de despiste] no puede considerarse suplida por la de señalización de entrada a la estación de Santiago”, porque no sirve “para advertir del peligro de la curva de A Grandeira”.
Por ello, el juez concluye que “ha existido una omisión de cautelas elementales por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria en dicha línea, constitutiva de una imprudencia punible”. Ello es lo que lleva al juez a imputar a los responsables de seguridad que Adif deberá designar.
Petición al Congreso de los Diputados
La instrucción puede traer más sorpresas. El juez también solicita al presidente del Congreso de los Diputados que le envíe copia de los diarios de sesiones de los días 8 y 9 de agosto, cuando se produjo la comparecencia, en la Comisión de Fomento, de los presidente de Renfe, Adif y de Ana Pastor, ministra de Fomento. El magistrado quiere integrar sus explicaciones sobre las posibles causas al procedimiento y no sería raro que llamase a declarar a alguno de ellos si encuentra motivos, aunque probablemente sea en calidad de testigos y no de imputados.
Por otro lado, el juez también solicita a Adif varios informes sobre la línea férrea y velocidades entre Orense y Santiago, así como protocolos de seguridad y un informe de las personas que integran el órgano de seguridad de la empresa pública, junto con las facultades que poseen. A Renfe le solicita lo mismo, mientras que al Ministerio de Fomento le pide que informe sobre si habían existido otros incidentes anteriores en el tramo del accidente.
Responsabilidades
Tras el accidente, tanto los presidentes de Adif, Renfe y la ministra de Fomento cargaron toda la responsabilidad del mismo sobre el conductor. Con el paso de los días se conoció que instantes antes del siniestro, el conductor recibió una llamada del interventor del tren.
En las últimas semanas, Fomento ha ordenado a Adif que instale más señales en el tramo afectado por el accidente y antes del mismo, así como que reduzca la velocidad de los trenes. También se han instalado balizas para avisar al conductor de los trenes de la necesidad de reducir la velocidad. Cosas que para Aláez podrían haberse hecho con anterioridad y que pueden implicar una responsabilidad.
