Controladores aéreos en una torre de control
MADRID.- El abandono por los controladores aéreos de sus puestos de trabajo en diciembre de 2010, lo que ocasionó la declaración del estado de alarma en los centros de control aéreo por primera vez en la democracia española, sigue su intrincado camino en los tribunales. En julio, un tribunal de la Audiencia Nacional decidió que Aena, el gestor aeroportuario, no es responsable de la “argucia” (como la califica la sentencia) que emplearon los controladores para abandonar sus puestos de trabajo.
El nuevo fallo es consecuencia de que el abogado del Estado (que representa al Gobierno y sus entidades públicas frente a los tribunales) recurriese una sentencia anterior, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional, de 31 de enero, en la que se condenaba a Aena al pago de 304.385,69 euros a Viajes Iberia por el cierre del espacio aéreo entre el 3 y el 5 de diciembre de 2010 por el “plante” de los controladores aéreos.
La sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (compuesta por cinco magistrados) es quien ha visto el recurso de apelación presentado por el abogado del Estado. En la sentencia (que se puede consultar más abajo) manifiestan que “ante una situación de emergencia, el cese de la actividad aeroportuaria se revela como una decisión correcta porque atiende a un contexto de seguridad exigido por la norma”, por lo que “existiría un título jurídico que legitima la conducta de la Administración”. Los jueves entienden que Aena no podía prever que los controladores aéreos (trabajadores de la empresa pública) abandonasen sus puestos de trabajo como consecuencia de la “previa existencia de una situación de descontento o de un ambiente de conflictividad laboral”. Así, los jueces llegan a la conclusión de que Aena se enfrentó a una situación de “fuerza mayor”, lo que, según la ley, exime a la empresa pública de hacerse responsable de los daños causados a terceros (pasajeros y empresas).
La sala también desestima que el vínculo de los controladores aéreos como trabajadores de Aena permita a los perjudicados reclamar a la entidad pública. Los magistrados realizan una interpretación restrictiva del precepto legal que permite a un perjudicado reclamar daños a la administración por la prestación del servicio público que realizan sus empleados. Para la sala, en el momento en que los controladores se concertaron para abandonar sus puestos de trabajo dejaron de prestar ese servicio público, por lo que los daños causados no son consecuencia de su trabajo, sino del abandono del mismo. Por eso, los magistrados interpretan que al no existir ese servicio público, no se puede exigir responsabilidad a Aena por el mismo.
La sentencia de la sala de la Audiencia Nacional es un varapalo para todos los afectados por el abandono de los puestos de trabajo de los controladores en diciembre de 2010 (algo que algunos llaman “huelga encubierta”), que ven como los tribunales dictaminan que Aena no fue responsable (desde el punto de vista administrativo) de nada de lo que ocurrió. En su momento se presentaron cerca de 7.000 demandas administrativas en los juzgados de la Audiencia Nacional por estos hechos para reclamar cantidades a Aena. Las decisiones de esta sala, por la que deben pasar todos los recursos de apelación sobre este tema, hacen muy difícil que ningún afectado pueda obtener ninguna compensación.
Los controladores aéreos se dieron de baja masivamente en varios centros de control de España en los primeros días de diciembre de 2010. En su momento alegaron que habían cumplido las horas máximas de trabajo que fijaba la legislación y que Aena incumplía la ley al fijar más turnos. Por debajo latía un conflicto laboral que arrancaba desde 2008, cuando José Blanco, ministro de Fomento entonces, decidió modificar el convenio colectivo y la legislación de horas de trabajo de estos profesionales para reducir sus salarios. Los controladores siempre se han quejado de que el Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero emprendió una campaña contra ellos, culpándoles de los altos costes de Aena. Según los controladores, tras la estrategia del Gobierno se encontraba el objetivo de privatizar la empresa pública que gestionaba los aeropuertos.
La única salida que queda a los perjudicados (empresas y particulares) por los hechos ocurridos hace casi tres años es personarse como acusación en el proceso penal que se sigue en los Juzgados de Instrucción de Madrid. Del mismo no se han tenido noticias en los últimos meses y existen diversas sentencias en otros juzgados de España en las que se declara que los controladores no cometieron ningún tipo de delito con su actitud. Es psible que en España se cerrase el espacio aéreo a finales de 2010, dejando en tierra a millones de viajeros, pero que nadie pague por ello, excepto los afectados que perdieron dinero y tiempo.
