Unas vacaciones sin huelga no son vacaciones. Los sindicatos de transportes que prestan un servicio público suelen dejar para vísperas de festividades importantes la celebración de paros para luchar por sus derechos. Esta vez ha tocado en Renfe, el día antes del inicio oficial de la Semana Santa, cuando muchos usuarios tomarán su tren para dirigirse a sus lugares de descanso. Algunos podrán objetar que el AVE no es un servicio público: de acuerdo; pero las Cercanías y la Media Distancia sí lo son.
Ya hemos defendido en multitud de ocasiones que la huelga en nuestro país, dentro de los servicios públicos, sirve no sólo para protestar contra determinadas condiciones de trabajo o acuerdos laborales, sino para tomar a los clientes del servicio como rehenes. Como ejemplo, la de los trabajadores aéreos. El problema no es de los sindicatos, que aprovechan una legislación favorable a estos desmanes. El problema es que España no cuenta con una Ley de Huelga que regule este derecho, que algunos usan para extorsionar.
El derecho a la huelga en nuestro país se rige por un Real Decreto-Ley sobre Relaciones de Trabajo de 1977, es decir, preconstitucional. En 33 años, ningún Gobierno ha tenido los arrestos suficientes para desarrollar una normativa que en muchos puntos es anticonstitucional. Ninguna huelga es legítima y justa si con ella se perjudica al ciudadano que sufraga los servicios de transporte con sus impuestos. Y así debería estar recogido en la ley.
Todavía hay que dar gracias de que el Ministerio de Fomento haya decidido establecer unos mínimos que cubren algo más del 70% de los servicios. También habría que plantearse si el usuario debe pagar por este pésimo producto. Claro, la diferencia es que, legalmente, si el cliente usa el tren sin haber abonado el billete por el mal funcionamiento del servicio está expuesto a fuertes sanciones. Mientras, los sindicatos convocantes, que son la consecuencia de ese mal funcionamiento, no sufren ningún castigo.
Derecho a la huelga: por supuesto, es obligatorio y necesario en toda democracia. Pero siempre y cuando se regule convenientemente con una premisa básica: que sirva para dañar al empresario, no al cliente. Y también estaría bien que se desarrollase definitivamente, a nivel europeo, una normativa para la protección de los derechos del pasajero ferroviario. Muchas de estas tonterías se acabarían.
