Agentes de la Guardia Civil, Policía y seguridad ayudan en las tareas de rescate del tren Madrid-Ferrol | Fuente: Ministerio del Interior
MADRID.- La Audiencia Provincial de La Coruña ha anulado las imputaciones de cinco directivos de seguridad de Adif, la empresa pública que se encarga de gestionar las infraestructuras ferroviarias, por el accidente del tren Alvia en las cercanías de Santiago de Compostela el pasado 24 de julio. En el accidente fallecieron 79 personas, mientras que el resto de pasajeros del convoy que procedía de Madrid con destino a Ferrol resultaron heridos de diversa consideración.
En un auto, la sección sexta de la Audiencia de La Coruña ha acordado dejar sin efecto las imputaciones realizadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que se encarga de la investigación del accidente. Esta resolución es firme y contra ella no cabe recurso, por lo que las imputaciones de los directivos, adscritos al área de seguridad en Adif, quedan sin efecto. Sólo podrían volver a ser imputados si el magistrado instructor, Luis Aláez, encuentra nuevos indicios que le lleven a concluir que estos técnicos tuvieron algún tipo de responsabilidad penal en el accidente.
En su auto de imputación, el magistrado consideraba que estos cinco técnicos “presumiblemente no cumplieron con estos deberes [la adopción de medidas adecuadas para evitar el accidente] puesto que, conociendo las características de la vía a la altura de la curva de A Grandeira y el riesgo que creaba para la circulación de los trenes, no arbitraron medidas ante la posible desatención del conductor del tren a las indicaciones de velocidad detalladas en el documento que llevaba en cabina”.
El juez también destaca en su auto que la vía estaba proyectada para usar el sistema ERTMS, que es más seguro, puesto que si el conductor no sigue las indicaciones y velocidades marcadas, el tren frena. Sin embargo, y a pesar de estar la infraestructura preparada, los Alvia que circulan entre Orense y Ferrol lo hacen con el sistema ASFA, que sólo frena en caso de que el conductor sobrepase los 200 km/h o no active el dispositivo de “hombre muerto”, usado para garantizar que el conductor sigue al mando del convoy. Por ello, el magistrado apunta a que los directivos de Adif encargados de la seguridad desde que se abrió la vía a la circulación en 2011 también podrían ser responsables y decide pedir su identificación para imputarles.
Aláez también pidió a Renfe y Adif que le comunicasen quiénes habían sido los últimos presidentes del Consejo de Administración de ambas compañías, por si pudieran tener responsabilidad penal, aunque en el mismo auto explicaba que, de las primeras indagaciones, no se podía concluir que los máximos directivos de las dos compañías fuesen responsables desde un punto de vista criminal. No obstante, en otro auto, la Audiencia Provincial ha dejado sin efecto las imputaciones de los presidentes de Renfe y Adif, así como del resto de directivos de ambas compañías. El Tribunal estima que los indicios aportados por el juez instructor no son suficientes para mantener esta imputación. De esta forma, sólo el maquinista, Francisco José Garzón, sigue imputado por 79 homicidios imprudentes y otros delitos de lesiones.
