Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de CEOE y expropietario del Grupo Marsans
MADRID.- El Juzgado Central de lo Penal número 1 de la Audiencia Nacional ha condenado a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal CEOE y propietario del Grupo Marsans, a dos años y dos meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública por la compra de Aerolíneas Argentinas a través de las empresas Air Comet y Viajes Marsans.
El juez José María Vázquez también ha impuesto al expresidente de la patronal el pago de una multa conjunta de 99,04 millones de euros por impago del Impuesto de Sociedades de 2001, derivado de la operación de compra de la aerolínea argentina.
El juzgado de la Audiencia Nacional ha impuesto la misma pena para el exconsejero delegado de Air Comet y expresidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata. En el procedimiento también estaba imputado el socio de Díaz Ferrán en Marsans, Gonzalo Pascual, fallecido en junio de 2012.
La operación de compra de Aerolíneas Argentinas se realizó a través de la aerolínea Air Comet, propiedad del Grupo Marsans, y de Segetur, cuya representación ostentaba Mata, Transportes de Cercanías, representada por Díaz Ferrán, y Autobuses Urbanos del Sur (Busursa), a cargo de Pascual. La operación se llevó a cabo a principios de la primera década del año 2000 y el Gobierno español, entonces presidido por José María Aznar (PP), concedió un préstamo para la realización de la operación.
Hechos probados
El juez Vázquez explica en la sentencia que tanto Díaz Ferrán como Mata son culpables de haber defraudado en el Impuesto de Sociedades del año 2001 por la operación de Aerolíneas Argentinas. En la resolución queda sentado que la antigua Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la empresa pública que se dedicaba a invertir dinero en diversas aéreas economicas, era propietaria de la sociedad Interinvest, que a su vez era propietaria de Aerolíneas Argentinas. Es decir, que SEPI, o el Estado español, era propietaria de Aerolíneas Argentinas.
Aerolíneas se encontraba en 2001 en situación de quiebra y SEPI decide venderla a Marsans y Air Comet (propiedad de Marsans), para ello firma un contrato con Díaz Ferrán, Mata y Gonzalo Pascual por el que SEPI se compromete a pagar los 300 millones de dólares de deudas que tenía Aerolíneas Argentinas. Para ello, según el contrato que firmaron todas las partes, SEPI abonaba a los compradores la cantidad de 300 millones de dólares, que debían dedicar obligatoriamente al pago de la deuda. Además, SEPi se obligaba a aportar otros 248 millones de dólares para llevar a cabo un plan industrial. De dónde procedía todo este dinero no ha quedado claro, aunque tratándose de una empresa pública, y contando la operación con el beneplácito del Consejo de Ministros, se puede suponer.
A continuación, el juez revela la operación que se llevó a cabo para que Air Comet, propiedad del grupo Marsans (de la que a su vez eran propietarios Díaz Ferrán y Pascual) se hiciese con parte del dinero que SEPI había destinado a cancelar las deudas de Aerolíneas Argentinas. Los 300 millones de dólares aportados por la SEPI los utilizó Air Comet para compar las deudas que los acreedores de Aerolíneas tenían contra la compañía. De esta forma, Air Comet pasa a ser la única acreedora de Aerolíneas. Después, en el concurso de acreedores en que se encontraba la compañía aérea, Air Comet aceptó que se diese una quita del 60% sobre esa deuda, por lo que la empresa sólo debía cobrar el 40%, embolsándose el importe de la quita, puesto que era el mismo dinero que procedía de la SEPI. Es decir, que mediante este círculo, Air Comet (o Marsans o Días Ferrán y Pascual) se quedaban con 180 millones de dólares de los 300 millones aportados por la SEPI.
La clave final se encuentra en que Air Comet no declaró la compra de estos derechos de cobro, ni el hecho de que fue Interinvest quien cedió a la compañía el dinero para comprarlos, lo que supondría una operación sujeta a ficalidad en el Impuesto de Sociedades. Como Air Comet no tributó por este concepto se produjo el fraude a Hacienda por valor de 99 millones de euros.
