Accidente de Santiago: el juez imputa a cinco directivos de Adif por imprudencia

Agentes de la Guardia Civil, Policía y seguridad ayudan en las tareas de rescate del tren Madrid-Ferrol | Fuente: Ministerio del Interior

MADRID.- El juez Luiz Aláez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, ha citado a declarar, como imputados, a cinco directivos de Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, por el accidente del tren Alvia que cubría el trayecto Madrid-Ferrol. El pasado 24 de julio, este tren descarriló a pocos kilómetros de Santiago, provocando la muerte de 79 personas y heridas a centenas de viajeros que se encontraban en el convoy siniestrado.

La imputación, que no conlleva ninguna declaración de culpabilidad y es una figura penal para garantizar la defensa de la persona investigada, se produce porque el juez cree que estos cinco responsables pudieron cometer una imprudencia a la hora de garantizar la seguridad en el tramo de vía donde se produjo el accidente.

Además, el juez pide a Adif que le facilite la identidad de las personas que han sido presidentes y vocales del consejo de administración de la empresa pública, así como de las personas que han desempeñado los cargos de director de Seguridad en la Circulación, gerente del ärea de Seguridad en la Circulación Noroeste, jefe de inspección de la Gerencia de Área de Seguridad en la Circulación Noroeste y de los inspectores de esta jefatura. Es decir, que número de imputados podría crecer en los próximos meses.

Hasta el momento, el único imputado en la investigación era el conductor del tren siniestrado, Francisco José Garzón, sobre el que Adif y Renfe cargaron rápidamente toda la responsabilidad del suceso.

Auto de imputación

En un auto de ocho páginas con fecha 9 de septiembre (se puede consultar al final de esta información), el juez Aláez concluye que, en principio, el Consejo de Administración de Adif no sería penalmente responsable del accidente, ya que es la Dirección de Seguridad la que tiene delegada la función de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, los vocales y el presidente del consejo sí podrían ser responsables si no vigilaron con diligencia que esta Dirección ejercía sus funciones debidamente, dotándola de medios o corrigiendo sus actuaciones en caso de que no lo hiciesen. Por eso, no es de extrañar que en las próximas semanas se produzcan sorpresas y el juez decida imputar al anterior presidente de Adif o algún vocal del Consejo en la época en que gobernaba el PSOE, cuando se inauguró la línea. Tampoco sería extraño que imputase a alguno de los actuales responsables.

En cuanto a los responsables de la Dirección de Seguridad, que son los que ahora imputa el juez, a cada uno, un delito de 79 homicidios por imprudencia y varios delitos de lesiones, el magistrado explica que “presumiblemente no cumplieron con estos deberes [la adopción de medidas adecuadas para evitar el accidente] puesto que, conociendo las características de la vía a la altura de la curva de A Grandeira y el riesgo que creaba para la circulación de los trenes, no arbitraron medidas ante la posible desatención del conductor del tren a las indicaciones de velocidad detalladas en el documento que llevaba en cabina”.

El juez también destaca en su auto que la vía estaba proyectada para usar el sistema ERTMS, que es más seguro, puesto que si el conductor no sigue las indicaciones y velocidades marcadas, el tren frena. Sin embargo, y a pesar de estar la infraestructura preparada, los Alvia que circulan entre Orense y Ferrol lo hacen con el sistema ASFA, que sólo frena en caso de que el conductor sobrepase los 200 km/h o no active el dispositivo de “hombre muerto”, usado para garantizar que el conductor sigue al mando del convoy. Por ello, el magistrado apunta a que los directivos de Adif encargados de la seguridad desde que se abrió la vía a la circulación en 2011 también podrían ser responsables y decide pedir su identificación para imputarles.

Seguridad y responsables

Desde el primer momento, los presidentes de Renfe y Adif, así como Ana Pastor, ministra de Fomento, señalaron al conductor de tren siniestrado como el único responsable del accidente, sin esperar a la apertura de las cajas negras. El contenido de las mismas reveló que Francisco José Amo circulaba al doble de la velocidad permitida en el tramo y en su delcaración judicial, el conductor reconoció que se distrajo y por eso no redujo la velocidad a tiempo. Con el curso de las investigaciones se conoció que la línea fue diseñada para usar el sistema ERTMS. Además, después del accidente Adif introdujo nuevas medidas de seguridad, lo que ya apuntaba a una responsabilidad del gestor ferroviario.

Segundos antes del accidente, el conductor atendió una llamada del interventor que viajaba en el tren, lo que también pudo ayudar en su despiste. Asimismo, en su declaración ante el juez, Amo reconoció que para saber cuándo debe reducir la velocidad antes de entrar en la curva del accidente debe guíarse por referencias del terreno. Esto es lo que lleva al juez a afirmar que Adif debía haber instalado mayores elementos de seguridad para minimizar los posibles errores humanos.

 

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