MADRID.- El caso de la venta de Aerolíneas Argentinas vuelve a salir a la luz. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de prisión de dos años y cuatro meses para los ex dueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, y el ex presidente de Air Comet, Antonio Mata, así como una indemnización conjunta de 99 millones por un delito contra la Hacienda Pública tras la compra de Aerolíneas Argentinas.
El fiscal Miguel Ángel Carballo es el encargado del caso y, en su escrito preliminar de acusaciones antes de que el juez decida sobre la apertura de juicio oral, asegura que los tres acusados deben responder del impago de 99 millones de euros por Impuesto de Sociedades al haber sido responsables penales y civiles en la compra (en 2001) de Aerolíneas Argentinas al Estado español por parte de Air Comet, la compañía aérea de Marsans que está en proceso de liquidación tras su quiebra.
La operación
En 2001 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 92 % de las acciones en Interinvest (propietaria del 92,1 % de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, que entonces presidía Antonio Mata. El precio fue un dólar, ya que Aerolíneas se encontraba en una situación deficitaria cercana a la suspensión de pagos. A cambio, se aportaban 300 millones de dólares, que salían del erario público español, para satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad. El contrato de venta fue suscrito por Díaz Ferrán en nombre de Transportes de Cercanías; por Pascual, en representación de Segetur, por Mata, en nombre de Air Comet; y por la SEPI.
Como ninguno de los empresarios declaró los beneficios por la compra de Aerolíneas Argentinas, el fiscal solicita que los acusados respondan subsidiariamente en caso de impago de los 99 millones, que pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la seguridad social durante cinco años y que sean condenados a abonar las costas.
Las penas
El Código Penal fija penas de entre uno y cinco años de prisión cuando el importe defraudado a la Hacienda Púlbica supere los 120.000 euros.
Además, para la celebración del juicio oral, el fiscal ha propuesto que se interrogue a los acusados, que declare un perito de la Agencia Tributaria para ratificar los informes periciales, así como otras pruebas documentales.
Eloy Velasco, juez-magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, tendrá que decidir si abre juicio a los empresarios imputados. Con toda probabilidad será así, ya que en septiembre de 2011 inició este procedimiento contra el ex presidente de la CEOE, contra Pascual y contra Mata por un delito fiscal. Ahora el fiscal da su apoyo para el enjuiciamiento.
Díaz Ferrán y Pascual se enfrentan a otro procedimiento por apropiación indebida en la quiebra de Marsans, también en la Audiencia Nacional.
