La actividad de Airbnb, la web estadounidense que intermedia en el alquiler de pisos turísticos, habitaciones, apartamentos y otros alojamientos no hoteleros, ha sido legalizada de facto en Cataluña. El 29 de noviembre, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona ha sentenciado que la multa que la Dirección de Turismo de la Generalitat Catalana impuso a AirBnb en 2014, por no contar con licencia turística, no se ajustaba a Derecho y debía ser devuelta.
Esta decisión judicial, que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es un varapalo para la política seguida por Marián Muro, la anterior directora de Turismo de Cataluña e impulsora de la estrategia que incoó más de 500 expedientes e impuso sanciones por 2 millones de euros a portales web con un funcionamiento similar al de Airbnb. Muro, que ahora es directora general del Grupo Juliá, ha sido la artífice de que Cataluña haya conseguido regularizar más de la mitad de los apartamentos vacacionales irregulares de la región, unos 49.000 establecimientos.
Aunque la sentencia no establezca jurisprudencia, sí que abre un precedente para recursos similares en los tribunales. La Dirección de Turismo de Cataluña sancionó a Airbnb por “no contar con la correspondiente habilitación” en el uso de bienes (los apartamentos) para la prestación de los servicios turísticos, tipificado en la Ley de Turismo de Cataluña y en el reglamento que la desarrolla. En la sentencia, el magistrado entiende que no está probado que Airbnb “realice labor de mediación” entre el cliente y el arrendador, ni que tampoco se lleve a cabo una “reserva de cupos de vivienda, o la captación de clientes, u ofrecer algún tipo de valor añadido”. Para el magistrado, Airbnb sólo ofrece “un espacio abierto digital de comunicación por el que cobra una comisión”. Al no encontrarse tipificada esta actividad como una falta de ningún tipo, el juez anula la sanción a Airbnb.
Crítica contra el agujero normativo
En la sentencia, el magistrado lanza un rapapolvo a los políticos por la falta de legislación que regule portales como Airbnb. El juez no habla de economía colaborativa, sino de la “explotación de un nicho económico por esta empresa y otras similares en diferentes actividades sujetas hasta ahora a una fuerte intervención administrativa”.
El magistrado también detalla que estas actividades “desbordan las previsiones legales que no pueden ser resueltas de forma provisional por medio de la imposición de ‘sanciones prospecivas’”. Y añade que las multas y actos de paralización de la actividad de estas plataformas pueden dar lugar a indemnizaciones en caso de que se declaren contrarios al ordenamiento jurídico.
En una clara alusión a las prácticas que se dan constantemente en la Administración, el juez de Barcelona explica que “el Derecho Penal y el Derecho Administrativo sancionador no pueden ser utilizados como medios alternativos de regulación” para intervenir esta nueva economía, pues se vulnerarían los principios de tipicidad, legalidad y culpabilidad, esenciales en un Estado de Derecho. La última sentencia que afectaba de lleno a Airbnb fue la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que declaró nula la prohibición de alquilar pisos turísticos en la comunidad autónoma por menos de cinco noches.
La realidad de estas decisiones judiciales es que los diferentes gobiernos no son capaces de tratar y gestionar el nacimiento de una economía basada en Internet y en los grandes volúmenes que mueve. Por un lado, se encuentran los efectos beneficios de portales como Airbnb, que generan rentas para los propietarios de apartamentos, pero por otra parte se encuentran problemas que no hallan solución: impago de impuestos, estructuras fiscales de evasión, incremento de precios del alquiler residencial o incivismo en los inquilinos. En Berlín, las autoridades de la capital alemana prohibieron el alquiler de pisos turísticos a ciudadanos para evitar el aumento de los alquileres y cuidar la vida en los barrios.