MADRID.- El tren de alta velocidad español (AVE) es una de las infraestructuras de las que más orgullo sienten los diferentes gobiernos del país mediterráneo. Los convoyes que circulan a velocidades de 300 km/h han sido un éxito de público y de fondo, al unir de forma cómoda y en pocas horas capitales a las que sólo se podía llegar por carretera o avión. El turismo y las posibilidades de realizar negocios se han visto muy beneficiados. Pero, ¿cuál ha sido el coste? Un informe del Tribunal de Cuentas revela que la construcción de la línea AVE Madrid-Barcelona tuvo un sobrecoste del 31,4%, más de 1.700 millones de euros adicionales sobre lo presupuestado.
El Tribunal de Cuentas, que se encarga de fiscalizar las cuentas públicas del estado español, ha verificado las facturas de la construcción y los diferentes contratos desde el año 2002 hasta que la línea se puso en funcionamiento. La ruta Madrid-Barcelona, junto con la de Madrid-Sevilla, es una de las que mayor número de viajeros concentra y la más rentable. La construcción de los 621 kilómetros de línea que separa ambas capitales españolas se adjudicó a diferentes empresas constructoras por valor de 7.235 millones de euros, pero el coste final ascendió a 8.967 millones. Es decir, que cada kilómetro tuvo un coste de 14,4 millones de euros. En Barcleona, un juzgado de instrucción está llevando a cabo una investigación para esclarecer si hubo sobrecostes ilegales en la construcción de un tramo dentro de Cataluña.
Ramón Álvarez de Miranda, el presidente del Tribunal, ha presentado su estudio ante los diputados españoles desgranando diversas irregularidades en la licitación de los contratos. Por ejemplo, el uso de la facultad que tenía el anterior presidente del GIF, el gestor de infraestructuras ferroviarias (hoy Adif), de iniciar las obras por motivos de urgencia, cuando no había justificación, lo que le permitía saltarse al órgano de contratación: el consejo de administración. O que las modificaciones de los contratos para el aumento de costes no cumpliesen los requisitos legales en la mayoría de ocasiones, calificándose como obras complementarias. O la contratación de servicios de consultoría con empresas que tenían limitada su capacidad de contratar con el Ministerio. Y así se puede seguir con el rosario de irregularidades.
El presidente del Tribunal también ha informado de que se han abierto diligencias dentro del organismo para determinar los hechos concretos que se produjeron, quienes fueron los responsables y cuál fue el perjuicio para la Hacienda Pública. El Tribunal de Cuentas tiene potestades de enjuiciamiento y condena por infracciones contables, pero los posibles delitos y otro tipo de irregularidades debe notificarlos a la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado. De momento, ambas instituciones no se han pronunciado ni han abierto diligencias.
Según datos de Renfe, la línea de AVE Madrid-Barcelona transportó más de 3,1 millones de viajeros en 2013, un 16% más que en el año precedente. Aunque no hay datos definitivos sobre los ingresos que reporta a la compañía, si se tiene en cuenta que el precio medio de un billete es de 50 euros, un cálculo muy conservador arroja una facturación de 155 millones de euros anuales. Tampoco existe un estudio de referencia sobre el impacto económico del AVE entre las dos capitales de referencia en España, ni sobre su influencia en el turismo ni los negocios.