La Unión Europea (UE) valora la posibilidad de establecer un impuesto a las aerolíneas para luchar contra el cambio climático. Los gobiernos de Holanda y Francia han iniciado una ofensiva para convencer a sus homólogos de la UE del final de las exenciones impositivas al combustible de las aerolíneas y a los billetes aéreos.
El 21 de junio, 29 países europeos discutieron en una conferencia en La Haya (Países Bajos) sobre nuevas tasas en los billetes aéreos, incrementos en el IVA de los viajes en avión e impuestos al queroseno. El objetivo es conseguir que la economía europea no dependa de combustibles fósiles en 2050. Los holandeses desean cerrar el agujero de la inexistente fiscalidad en el sector aéreo en la mayoría de países de la UE, mientras que Francia es la que presiona para que se tase el combustible aéreo de modo parecido al que se usa en los vehículos, donde cerca de la mitad de su precio son impuestos. De hecho, Holanda ha avisado de que si no se llega a un acuerdo de fiscalidad para el sector aéreo, el gobierno holandés impondrá una tasa de 7,5 euros a cada billete de avión que despegue del país desde 2021. La ONG medioambiental Friends of the Earth calcula que entre 1990 y 2016 las emisiones de la aviación se han duplicado, mientras que las emisiones generales se han reducido un 43%. Los billetes de avión más baratos y la aparición de las aerolíneas de bajo coste han producido un incremento en el número de vuelos en los últimos 15 años.
Los organizadores de la conferencia persiguen que las elevadas tasas modifiquen el comportamiento de los viajeros para que vuelen menos personas y elijan en sus desplazamientos otras opciones menos contaminantes. En un viaje de corta distancia (dentro de un país europeo) las opciones son múltiples para llegar a un destino, pero lo que los organizadores no aclaran es qué sucede con los desplazamientos de media y larga distancia. Pasar días viajando en tren, autobús o barco puede evocar romanticismo, pero no parece la opción menos contaminante ni la más eficiente.
Francia ha anunciado que desde 2020 aplicará una tasa de entre 1,50 euros y 18 euros a los billetes de vuelos que despeguen desde el país (no se aplicará a las rutas con Córcega, los territorio de ultramar y los vuelos de conexión). El importe de la tasa variará en función de si el vuelo es intraeuropeo o extraueropeo y de la clase para la que se haya comprado el billete. El Gobierno francés espera recaudar 182 millones de euros anuales con esta medida, que se suma a la reducción de la bonificación del gasóleo para transportistas. El dinero se usará para potenciar infraestructuras y otros medios de transporte menos contaminantes.
Gravar el combustible
En junio, la Comisión Europea publicó un informe sobre impuestos en la aviación y el impacto de esta fiscalidad en la economía. El estudio concluye que “nuevas [tasas] o impuestos a la aviación incrementados de forma general tendrían un impacto negativo en la industria de la aviación (menos empleos directos y valor añadido) pero su impacto en el resto del empleo del Estado miembro, en los ingresos fiscales y en el PIB sería cercano a cero”. El análisis destaca que mayores impuestos a la aviación reducirían el número de pasajeros y vuelos, pero también disminuirían los impactos medioambientales negativos (emisión de gases y ruido).
El estudio de la CE contempla tres escenarios posibles: una tasa por billete vendido, el incremento del IVA a la venta de billetes o bien gravar el queroseno que usan los aviones. Esta última hipótesis es la que mayor impacto económico tendría, ya que incrementaría un 10% los precios de los billetes aéreos y reduciría entre un 9% y un 11% en el número de pasajeros. Y esto afectaría a la cuenta de resultados de las aerolíneas, puesto que ingresarían menos dinero y podrían incurrir en pérdidas, y en la de los aeropuertos, que verían disminuir sus ingresos por tasas aeroportuarias.
Sobre el número de empleos que se perderían por esta política, el estudio pasa de puntillas indicando que un incremento del 10% sobre el precio del billete tendría un efecto negativo en los empleos directos del sector aéreo (se reducirían un 11%, con la desaparición de 41.000 puestos de trabajo en toda la UE), pero que en la economía general su impacto sería nulo. Además, el Estado recaudaría más impuestos, que podría usar en incrementar el gasto, reducir otras tasas y activar más la economía de hogares y negocios. En el lado medioambiental, las emisiones de CO2 bajarían un 11%, hasta los 133 millones de toneladas al año (en la actualidad son 149 millones de toneladas) y el número de personas afectadas por el ruido aéreo disminuiría hasta los 2,6 millones, un 8% menos.
Los impactos negativos y positivos se notarían más en los mercados aéreos más importantes: Reino Unido y España. En las islas británicas, con una tasa al combustible, los precios se incrementarían un 11%, el número de viajeros caería un 12% y se perderían 9.000 empleos en el sector de la aviación. Por el contrario, se emitiría un 12% menos de CO2 y se reducirían un 8% las personas afectadas por el ruido. En España, el precio de los billetes crecería un 10%, la demanda caería un 11% y se perderían 4.000 empleos en el sector aéreo. Asimismo, las emisiones de CO2 se reducirían un 11% y habría un 9% menos de personas afectadas por el ruido. De lo que no habla ningún estudio es de qué otros medios de transporte alternativos, menos contaminantes y rápidos se pondrán en marcha para compensar la pérdida de vuelos.