Según datos de la Comisión, en 2016 más de 2.000 personas presentaron una reclamación ante las autoridades de consumo de sus países por problemas en el alquiler de coches. La mayoría de estas quejas tienen que ver con importes cobrados de más, servicios que no se han contratado o sanciones impuestas por la propia empresa de alquiler tras el incumplimiento de condiciones contractuales poco claras.
A partir de ahora, el cliente que alquile un vehículo deberá ser informado de los gastos inevitables que incluye el precio de la reserva (como los neumáticos de invierno, obligatorios en algunos países del Norte de Europa), la descripción de los servicios de alquiler (kilometraje máximo, combustible, cancelación, depósitos con tarjeta de crédito, etcétera) y seguro complementario (precio, franquicias, coberturas y casos específicos en los que la franquicia no debe ser pagada por el cliente). En cuanto a la gasolina, las empresas deberán ofrecer siempre la posibilidad de que el cliente reciba el coche lleno y lo pueda devolver con el depósito en el mismo estado.
Otro momento crítico es el del retorno del vehículo de alquiler. Hasta ahora, en el caso de que se observase algún daño en el vehículo que no hubiese sido detectado con anterioridad, la empresa de alquiler cargaba varios cientos de euros en la tarjeta de crédito usada para realizar la reserva. Desde ahora, las empresas deberán comunicar a los clientes las causas y pruebas de cualquier daño y deberán darles la posibilidad de impugnarlos antes de ser cobrados por ellos.
La Comisión ha intentado que las grandes empresas del sector actúen con mayor transparencia en Europa. Y es que entre el año 2010 y 2016, el número de reclamaciones en el sector del alquiler de vehículos se ha duplicado. Para hacerse una idea, los consumidores europeos presentaron 1.050 reclamaciones en 2012, mientras que en 2016 la cifra alcanzó las 2.000 reclamaciones. Aunque las obligaciones que han asumido las empresas provienen de un acuerdo con la Comisión, y no de un relgamento o de una norma ejecutiva, el gobierno comunitario vigilará su cumplimiento y cuál es la evolución en el número de reclamaciones para tomar otras medidas, si son necesarias. Compañías como Goldcar se han quedado fuera de este acuerdo. La firma alicantina es famosa por sus ofertas agresivas, con alquileres a precios inferiores a 10 euros, pero que ha recibido críticas por muchos clientes al cobrar finalmente tarifas que no habían sido anunciadas, elevando el precio del alquiler.