Autopista A4 a su paso por Despeñaperros | Foto: Ministerio de Fomento
El Gobierno español tiene ultimado su plan para rescatar a las autopistas de peaje que han quebrado durante la crisis. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy (Partido Popular) ha realizado diversas modificaciones a la Ley Concursal, la que regula las quiebras de empresas, con el fin de facilitar la acumulación de todos los concursos de acreedores de las autopistas afectadas en un sólo juzgado. De esta manera, los procedimientos judiciales no se distribuirán por diferentes órganos judiciales de España, lo que dificultaría su tramitación y conllevaría la incertidumbre de que se pudiesen producir resoluciones y negociaciones dispares.
Las autopistas de peaje afectadas son las cuatro radiales de Madrid, la carretera que une el Aeropuerto de Madrid-Barajas con la capital, la que conecta Madrid con Toledo, la de Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. Cada una de ellas se encuentra gestionada por una empresa concesionaria propiedad de las constructoras que las desarrollaron y la intención del Gobierno es que una macroempresa, similar al banco malo que se usó para limpiar de hipotecas fallidas las entidades financieras españolas, se haga cargo de las mismas, para sanearlas y devolverlas a la rentabilidad. El problema que se le planteaba al Gobierno es que, según la legislación española, en caso de quiebra de una infraestructura, el Estado es responsable subsidiario, es decir, que el Tesoro español (o todos los contribuyentes) tendrían que hacer frente al pago de la deuda millonaria de las fallidas autopistas de peaje. Esta deuda asciende a 3.800 millones de euros, que se hubiesen sumado al déficit de España y habría imposibilitado el cumplimiento del objetivo de endeudamiento para 2014.
Las autopistas de peaje han sido otra de las infraestructuras fallidas de la España precrisis, junto con los aeropuertos regionales que recibían escasos vuelos, la mayoría subvencionados. Las concesionarias de estas vías de comunicación, creadas y dirigidas por las grandes constructoras españolas (como Abertis, ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr, Acciona, Azvi, Isolux o Comsa), realizaron unos planes de tráfico irreales y exagerados, con lo que los ingresos previstos por la circulación de vehículos no han sido los previstos, lo que ha llevado a las autovías a sufrir pérdidas permanentes. Ello ha dificultado la devolución de los préstamos solicitados a grandes bancos españoles e internacionales (entre ellos Santander, BBVA, Caixabank, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankia) para la construcción de estas autopistas. A este problema se ha sumado que las indemnizaciones por la expropiación de terrenos están siendo anuladas por los tribunales, que han aumentado las cantidades que se les deben abonar a sus propietarios. Hay más impugnaciones en los tribunales, que todavía no se han pronunciado, por lo que este es un problema que puede explotar en cualquier momento.
Estrategia de rescate de autopistas
El Gobierno, a través del Ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor, creará una empresa en la que aglutinará todas las autopistas de peaje con problemas. Fomento ha ofrecido a las constructoras afectadas una participación en esta empresa, con lo que si la misma consigue la rentabilidad, las constructoras podrán repartirse una parte de los beneficios. Pastor, con el beneplácito de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y de la Comisión Europea, está negociando con los bancos acreedores una quita del 50% de la deuda. Es decir, que los bancos que prestaron el dinero para construir las autopistas tendrán que renunciar a que se les devuelvan 1.900 millones de euros. El resto de la deuda se convertirá en un bono que el Estado pagará dentro de 30 años a un tipo de interés determinado. Si el acuerdo no se ha cerrado ya es por las discrepancias que existen para fijar el tipo de interés de este bono. El Gobierno quiere establecerlo en el 1%, mientras que los bancos esperan conseguir un tipo de interés cercano al 2%.
Con esta operación, el Gobierno salvará a las constructoras afectadas, que tendrían que incurrir en más pérdidas y responsabilidades si sus filiales de las autopistas se liquidasen. También se salva de forma parcial a los bancos, que verán asegurada la devolución de una parte de los préstamos que facilitaron en su momento, aunque sea en el año 2044 y con un tipo de interés muy limitado. Y, en tercer lugar, gana el Estado, ya que si las empresas que gestionasen estas autopistas se liquidasen, como está a punto de suceder con la AP36 Ocaña-La Roda, la responsabilidad patrimonial del Estado haría que éste asumiese las pérdidas. Una vez que se cierre la creación de la empresa y la quita de la deuda, el Estado asumirá la gestión de las autopistas de peaje, que abandonarán de esta forma el control privado. Además, para cerrar la operación, Ana Pastor cuenta con una baza importante: las concesiones a empresas privadas de las autopistas de peaje mas rentables (la AP6 y las del litoral mediterráneo) vencen en los próximos años. Esto significa que el estado asumirá su gestión y volverá a licitar nuevas concesiones, que podrán caer en manos de las constructoras afectadas por las quiebras actuales.
La última modificación de la Ley Concursal permitirá que el Gobierno controle en un sólo juzgado todas las quiebras de estas autopistas, lo que le dará mayor fuerza de negociación con los bancos acreedores. Habrá que ver si la recuperación económica conlleva la de las autopistas de peaje y se puede rentabilizar una infraestructura que ya no se puede abandonar.