El Gobierno se ha negado a publicar los documentos de los rescates concedidos a la aerolínea Plus Ultra y al conglomerado de agencias de viajes Ávoris. Revista80dias, a través de una petición amparada en la Ley de Transparencia, había solicitado el acceso a los detalles de la concesión de estas ayudas.
Entre estas dos empresas turísticas, el ejecutivo que dirige Pedro Sánchez (PSOE) ha desembolsado 373 millones de euros de dinero público en forma de préstamos. La operación se ha realizado a través del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Estas ayudas se suman a los 475 millones que se concedieron a Air Europa en noviembre de 2020, cuya documentación también se ha negado a revelar el Gobierno.
En total, los préstamos públicos concedidos a estas empresas del sector turístico suman 848 millones de euros. De estas operaciones se desconocen prácticamente todos los detalles, a excepción de los que el propio Gobierno ha comunicado públicamente o filtrado a otros medios de comunicación.
En dos resoluciones del 6 de mayo, Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, la empresa pública que depende del Ministerio de Hacienda y que gestiona el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, ha denegado el acceso a los documentos solicitados por Revista80dias. El motivo que la SEPI alega para impedir el acceso es “‘el carácter de reservado’ de la información solicitada dado que, de lo contrario, supondría un perjuicio para el ‘secreto profesional’ y un perjuicio para ‘la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión'”.
Las resoluciones de la SEPI reconocen que la información solicitada por este medio tiene el carácter de pública y que en principio se debería acceder a la petición de liberarlas. Sin embargo, SEPI dice que la ley impide esto porque esos documentos están sometidos a “secreto profesional” y a confidencialidad.
La documentación que Revista80dias solicitó en el caso del rescate a Ávoris fue la resolución del Consejo Gestor del fondo en la que se aprobaba el Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal y el Acuerdo de Accionistas o el Acuerdo de Gestión con Ávoris; el Acuerdo de Accionistas o el Acuerdo de Gestión con Ávoris en el que se incluían los detalles y condiciones de la ayuda concedida; y el Acuerdo de Accionistas o el Acuerdo de Gestión con Ávoris en el que se determinaban las decisiones estratégicas de la empresa que quedan supeditadas a autorización previa del Consejo Gestor del fondo.
Para la aerolínea Plus Ultra se solicitaron los mismos documentos, además de los informes elaborados por el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory, la consultora Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que había revelado el diario El País.
A través de estos documentos se podrían conocer las condiciones en las que se han concedido los préstamos de dinero público que han ayudado a estas dos empresas a seguir vivas en plena pandemia, cuando las reservas de viajes han sido casi inexistentes. Asimismo, con estos documentos también se habría sabido sobre qué materias, el Gobierno, a través de la SEPI, tiene poder de decisión en dos empresas privadas. Sin embargo, el Gobierno se ha amparado en el “secreto profesional” para no revelar cuáles son los detalles de estos préstamos, como su tipo de interés, periodos de carencia, consecuencias de su impago, etcétera.
Las razones alegadas por la SEPI contrastan con las que el propio Lora esgrimió en la resolución sobre Air Europa. En ella, el vicepresidente de SEPI fundamentaba su oposición a revelar estos documentos porque el acuerdo del Consejo de Ministros que regula el funcionamiento del fondo de rescates ya preveía la publicación de determinada información. En esa resolución no se hablaba de “secreto profesional” ni de confidencialidad. Esta resolución fue recurrida al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que también ha denegado el acceso a los documentos del rescate de Air Europa, pero por otros motivos. El Consejo recuerda a SEPI que debe hacer pública la información sobre los rescates, pero entiende que cuando este medio solicitó la información, la misma estaba en proceso de elaboración y era prematuro pedirla.
Rescates de Plus Ultra y Ávoris
El 9 de marzo, el Gobierno aprobó el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros, a través de un préstamo participativo de 34 millones y un crédito ordinario de 19 millones. Este rescate ha sido uno de los más polémicos, pues se ha acusado a Plus Ultra de tener relaciones con el Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, y de no cumplir requisitos de solvencia para acceder al fondo de rescates. La aerolínea, en una campaña de relaciones públicas desarrollada en las últimas semanas, ha negado estas acusaciones.
Por su lado, el 16 de marzo, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó una ayuda de 320 millones a Ávoris mediante un préstamo participativo de 163,2 millones de euros y de un préstamo ordinario de 156,8 millones. Ávoris es el conglomerado de agencias de viajes surgido de la fusión de Halcón Viajes, la división de agencias del Grupo Globalia (el mismo holding que recibió el rescate de 475 millones para su aerolínea Air Europa), y de B the travel brand, la marca de viajes del Grupo Barceló. Se trata de dos de los grupos turísticos más potentes de España. Sobre este rescate no hubo polémica política ni mediática, probablemente porque estas dos empresas se han encontrado entre los mayores anunciantes de paquetes vacacionales en los medios de comunicación tradicionales.
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas se creó el 3 de julio de 2020 por el Gobierno español y su objetivo es aportar fondos públicos de forma temporal a empresas privadas para reforzar su solvencia. Este dinero se ha insuflado a empresas afectadas por la pandemia de coronavirus Covid-19 que se han considerado estratégicas para la economía española. El Fondo está dotado con 10.000 millones de euros.
Estas inyecciones de dinero público canalizadas a través de la SEPI contrastan con la sequía a la que se ha sometido al resto del entramado empresarial español, compuesto en su mayoría por autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) que no han tenido ayudas en condiciones ventajosas. Los autónomos han podido compensar parte de sus cuotas a la Seguridad Social y han recibido una especie de subsidio de desempleo por el descenso de sus ingresos.
Por otro lado, las ayudas a las pymes no acaban de llegar más de un año después del inicio de la pandemia por coronavirus y con la economía española a medio gas. Entre marzo y abril, la Unión Europea autorizó la canalización de los fondos React y Next Generation a las pymes. El Gobierno de Pedro Sánchez ha publicado la legislación necesaria para su distribución y ha delegado en las comunidades autónomas los repartos de los fondos. A día de hoy se sigue tramitando la legislación autonómica que servirá de base para la concesión de estas ayudas. A algunas empresas y autónomos les llegarán demasiado tarde.