El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha denegado el acceso a la documentación de los proyectos presentados por las principales empresas turísticas españolas para acceder a los fondos europeos de recuperación ante la pandemia de Covid-19.
En una resolución del 16 de marzo, Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo, ha impedido a este medio acceder a los detalles de los proyectos de grandes empresas turísticas que pretenden acaparar y gestionar más de 5.000 millones de euros de estas ayudas. Conocer estos datos es relevante, puesto que el turismo aporta más del 11% de la riqueza a España (cerca de 120.000 millones de euros cada año) en sus múltiples ramas de actividad, como hotelería, restaurantes, agencias de viajes, aerolíneas, cruceros, etcétera. Por ello, es conveniente saber cómo pretenden usar estas empresas el dinero público para mejorar sus negocios y los destinos en los que operan.
El secretario de Estado alega que la información solicitada por Revista80dias tiene “carácter auxiliar en la elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se refiere a información que se encuentra en estado de estudio y elaboración”. Además, como ya ha ocurrido en otras solicitudes de acceso a la información, el Gobierno se ampara en que facilitar estos documentos vulneraría el derecho al secreto profesional, la propiedad intelectual y los intereses económicos y comerciales de las empresas que han presentado las iniciativas. Valdés añade que el Gobierno puede tener en cuenta estos proyectos o hacer caso omiso a la hora de elaborar su política de recuperación económica frente al Covid-19.
En la solicitud de acceso a la información realizada por Revista80dias se pedía la copia completa de los proyectos que las empresas del sector turístico han presentado como propuestas para optar a los Fondos Next Generation de la Unión Europea, En concreto, se solicitaba la documentación presentada por 70 empresas turísticas del proyecto promovido por FI Group; la iniciativa presentada por el consorcio Green and Human, compuesto por Jumbo Tours Group y AMResorts; el proyecto presentado por las hoteleras Meliá Hotels, Grupo Iberostar, Riu Hotels and Resorts y Barceló Hotel Group; el proyecto presentado por Meliá Hotels para “acelerar la transformación de la gestión hotelera (y de toda su cadena de valor) hacia un modelo más sostenible y responsable”, según sus palabras; el proyecto presentado por Be Live Hotels y Zerteza de Inversiones; y el proyecto presentado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).
La decisión del secretario de Estado de Turismo ya ha sido recurrida ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que tiene tres meses para decidir si el Gobierno debe publicar los documentos solicitados o si está en su derecho de no hacerlo. Si el Gobierno o este medio no están de acuerdo con la resolución del Consejo, cabe la posibilidad de recurrirla ante los tribunales de justicia.
Esta es la tercera vez que departamentos ministeriales del ejecutivo del presidente Pedro Sánchez (PSOE) se niegan a facilitar información sobre operaciones relacionadas con empresas del turismo. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha impedido conocer los detalles de los rescates de Air Europa (aerolínea del grupo Globalia comprada por Iberia), Ávoris (fusión de las agencias de viajes de Globalia y Barceló) y la aerolínea Plus Ultra. Entre las tres han conseguido ayudas por importe superior a los 700 millones. Todas estas decisiones negativas han sido recurridas al CTBG, organismo que vigila al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Sobre la ayuda de Air Europa, el Consejo se ha pronunciado denegando el acceso a la documentación por un motivo formal: la petición de Revista80dias se hizo antes del plazo que tenía SEPI para comunicar los detalles de forma pública. A día de hoy, SEPI sigue sin cumplir esta obligación.
La Ley de Transparencia es la norma que regula el derecho de los ciudadanos y empresas para acceder a la información pública. Esta ley es del año 2013, la aprobó el Gobierno del Mariano Rajoy (PP) tras años de presiones desde las instituciones europeas porque España no contaba con una legislación sobre transparencia equiparable a la de otros países de la Unión Europea. En su exposición de motivos, la ley indica que “sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”. De momento, en el ámbito del turismo y el transporte, los poderes públicos no responden a la sociedad.
