MADRID.- El Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona ha dictado auto de apertura de la fase de liquidación del concurso de Spanair, aerolínea quebrada en febrero de 2012. El magistrado ha valorado en 52,44 millones de euros los activos de la compañía aérea, frente a un pasivo concursal (deudas antes de que se iniciase el concurso) de 571,83 millones de euros. Es decir, que Spanair tiene un agujero de de 519,38 millones, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y sólo podrá hacer frente al 10% de su deuda.
En los proximos quince días, la administración concursal (los responsables que se hacen cargo de la aerolínea tras su quiebra y cese de operaciones) deberá presentar un plan de liquidación en el que se fijen los pasos a seguir para vender los activos que son propiedad de Spanair. Según el auto, los créditos contra la masa (generados durante la tramitación del procedimiento concursal) ascienden a 72,08 millones de euros, de los cuales el crédito laboral por indemnizaciones de los trabajadores es de 70,04 millones.
Ahora, la administración concursal y el juzgado deberán esperar a recibir ofertas por los activos de la aerolínea quebrada hace un año para venderlos. Por ello, el cobro de los créditos de los acreedores dependerá de que la compañía disponga de liquidez suficiente para pagarlos una vez se hayan liquidado sus bienes. Una vez que se cuente con dinero, el pago se realizará por el orden establecido por la ley concursal, es decir, primero los créditos contra la masa, entre los que se encuentran las indemnizaciones por despido de los empleados, y después los créditos concursales (billetes vendidos no volados, deudas con bancos y proveedores).
En el auto dictado por el juez también se especifica que antes de la apertura de la fase de liquidación, la administración concursal ha negociado con “un gran número” de agencias de viajes la devolución del precio de los billetes vendidos y no utilizados por los usuarios tras el cese de operaciones de la compañía el 27 de enero del año pasado, para poder cobrar el precio de los billetes y tener más capacidad de pago de los créditos.
Spanair fue un experimento de la Generalitat catalana, que quería contar con su propia aerolínea de bandera para posicionar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat como uno de los referentes de Europa. Sin embargo, la estructura de la aerolínea y la fuerte competencia de las compañías de bajo coste pudieron con el proyecto. Ferrán Soriano era el presidente de la firma en el momento de su quiebra. Además, la gestión de Spanair no estuvo exenta de polémica, ya que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona inyectaron dinero en la compañía a través de empresas púbicas, lo que podría constituir un caso de ayudas públicas encubiertas.