El rescate de las autopistas de peaje, a debate

MADRID.- Durante los últimos diez años, aunque es una práctica que se viene desarrollando desde los años setenta del siglo XX, los Estados europeos han optado por construir y mejorar carreteras involucrando la inversión del sector privado a cambio de conceder después a las constructoras, a través de empresas instrumentales denominadas concesionarias, la gestión de esas autopistas con peajes. España no ha sido una excepción, pero la crisis ha hecho que las principales vías de peaje, esenciales para comunicar el territorio y facilitar los flujos turísticos, se encuentren en quiebra. El Congreso de los Diputados discutirá esta semana un proyecto de Ley presententado por el Parlamento de Cataluña, una de las más afectadas, para intentar dar una solución a este problema.

El caso de Madrid es paradigmático. El Gobierno regional ha construido en los últimos años diversas “radiales” con peaje, autopistas paralelas a otras estatales (y gratuitas) con las que se pretendía descongestionar el acceso y las salidas de la capital, así como distribuir los tráficos entre los municipios del Norte y Sur de la Comunidad. Hoy todas están en quiebra y han solicitado el concurso de acreedores para paralizar el pago de la deuda millonaria a la que deben hacer frente. En Madrid la R-2 ha sido la última en entrar en bancarrota, pero antes lo hicieron las autopistas de peaje R-3, R-4, R-5, AP-41, radiales que conectan Madrid con Arganda, Ocaña, Navalcarnero y Toledo, respectivamente. Además, también han suspendido pagos la prolongación de la R-4, la AP-36 Ocaña-La Roda y la AP-7, esta bordeando la costa mediterránea, entre Cartagena y Vera. Todas arrastran una deuda conjunta de más de 3.500 millones.

En el resto de España la situación se repite en algunas, aunque no todas, las autopistas de peaje, con descensos del 6,8% en la intensidad media de diaria de tráfico entre enero y agosto, según los datos del Ministerio de Fomento. El problema no es sólo que haya menos coches en la carretera o que con la crisis los conductores no paguen peajes, sino que a la hora de planificar y construir estas infraestructuras se realizaron estimaciones económicas infladas, con indicadores de tráfico de vehículos que ni en los mejores años de la economía española se cumplieron.  Además, el endeudamiento para su construcción fue muy elevado y las constructoras desembolsaron sólo un 10% de la inversión, y ahora sus ingresos no llegan ni para pagar los intereses de la deuda.

Proyecto de Ley para el rescate

El Ministerio de Fomento ha venido valorando desde hace unos años la posibilidad de rescatar a las autopistas de peaje en problemas, pero para ello sería necesario usar dinero público, una opción que no gusta a nadie, porque de cara a la opinión pública se estaría premiando a unas empresas (las constructoras a través de las concesionarias) que lo han hecho mal. En este contexto, el Parlamento de Cataluña ha presentado una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados español con la idea de que se debata y se cree una norma que permita hacer operativas y rentables estas autopistas.

Esta proposición pretende crear y regular un “fondo de recursos para limitar los costes sociales de las infraestructuras viarias de peaje”, como indica en su articulado. El dinero para este fondo debe venir, según la idea del Parlamento de Cataluña, por un lado, de los impuestos que recauden y abonen las autopistas de peaje por su actividad, un aspecto difícil porque sólo las empresas concesionarias con beneficios podrán aportar dinero, ya que las que están en quiebra, y por lo tanto no generan Impuesto de Sociedades, no podrán aportar ningún recurso. Serán las sanas quienes aporten dinero para salvar a las enfermas.

En segundo lugar, otro parte de la financiación provendrá de las trasferencias que el Estado y las comunidades autónomas, es decir, todos los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos, realicen al mismo. Y, en tercer lugar, cada sociedad concesionaria deberá poner dinero, lo cual también será difícil en el caso de las que están en quiebra, aunque se puede obligar a las constructoras que están detrás a que realicen esa aportación.

El recorrido y el futuro que tendrá este proyecto es incierto, puesto que el Congreso de los Diputados está controlado por el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta. En cualquier caso, está claro que el rescate de las autopistas de peaje debe darse cuanto antes y el Estado debe articular una forma para que el mismo sea lo menos gravoso para el constribuyente, la pregunta es si desde el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) se atreverán a penalizar a las concesarias, y de forma indirecta a las constructoras, para que el bolsillo del ciudadano no se vea más mermado. Pase lo que pase con este proyecto de ley, el mismo realza con claridad un problema al que se enfrenta el Estado y que debe ser resuelto lo antes posible.