Uber, la empresa de transporte privado de pasajeros en coche, ha recibido un varapalo judicial en uno de sus principales mercados. El Tribunal Supremo del Reino Unido ha sentenciado que los conductores de la compañía estadounidense deben considerarse trabajadores y no autónomos, lo que les da acceso a un salario mínimo y a tiempo de vacaciones, entre otros beneficios.
Esta batalla judicial que ha perdido Uber era una de las más importantes de las varias que tiene la empresa por todo el mundo. En Reino Unido, Uber cuenta con 60.000 trabajadores que se podrían ver beneficiados por la decisión del Supremo, aunque este pleito lo han ganado 25 conductores, que son los que habían demandado a la empresa.
El Tribunal Supremo ha decidido, de forma unánime, que Uber funciona como un empleador, pues fija las tarifas de los transportes, determina los turnos de trabajo, indica a los conductores qué pasajeros deben recoger y usa un sistema de puntuación de los conductores para incrementar su productividad. La empresa con sede en California había alegado que sólo era una plataforma tecnológica que pone en contacto a conductores con pasajeros.
La sentencia del Supremo británico es una victoria para los sindicatos y trabajadores que defienden la necesidad de obligar a las compañías de la gig economy a contratar a sus trabajadores y pagar cotizaciones sociales e impuestos por ellos. Empresas como Uber, Cabify o Deliveroo cuentan con conductores o repartidores que trabajan como autónomos, pero en realidad son trabajadores sometidos a la organización de la empresa, pues no pueden decidir por sí mismos qué precios cobran a sus clientes o qué clientes eligen, por ejemplo. Esta sentencia también es un precedente para los litigios similares que Uber mantiene en otros países, donde se están negociando legislaciones para poner coto a estas prácticas fraudulentas.
A pesar de los millones de viajes y de dinero que estas empresas ingresan, la realidad es que muy pocas son rentables y se mantienen en pérdidas. Por ejemplo, Uber obtuvo unas pérdidas de 6.800 millones de dólares en 2020. Estas cifras serían inaguantables para cualquier otra compañía, pues le llevaría al cierre, pero el dinero que los inversores y fondos de inversión insuflan a estas empresas les permite sobrevivir. Este hecho también pone el acento en que son estos grandes inversores lo que patrocinan un modelo de negocio que genera precariedad laboral, con trabajadores que son falsos autónomos y que no tienen derecho sociales, así como con impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social que pierden los estados donde operan.
En España, el Tribunal Supremo emitió una sentencia similar considerando a los repartidores de la empresa de reparto Glovo, con sede en Barcelona, como trabajadores y no como autónomos. En un caso similar, el Supremo español estimó que la empresa dirigía el empleo e imponía las condiciones de trabajo de sus repartidores y que no era una mera intermediaria entre el repartidor y el cliente. En España también se está negociando una reforma del Estatuto de los Trabajadores, la ley que regula el trabajo asalariado, para especificar con claridad que los repartidores y conductores de estas grandes plataformas son trabajadores y no autónomos.
El sindicato Unión General de Trabajadores estimó en un estudio que estas empresas ahorran de forma conjunta entre 51 y 74 millones de euros de cotizaciones a la Seguridad Social cada año en España. Además, los empleados de estas plataformas, que están contratados como falsos autónomos, tienen salarios entre un 16% y un 37% más bajos que si estuviesen contratados de forma indefinida y a tiempo completo, es decir, con un contrato estándar.