MADRID.- La modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos sigue su trámite y será aprobada en las próximas semanas por el Congreso de los Diputados. Una de las medidas que incluye es la desregulación del alquiler vacacional para que sean las comunidades autónomas quienes legislen los detalles sobre esta materia. Cuando la tendencia es a unificar legislación en materias económicas, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) pretende dejar a la libertad de las regiones la regulación de una actividad económica que mueve millones cada año.
Las asociaciones de propietarios de apartamentos no están muy conformes y explican que este paso generará diecisiete normas diferentes que lo único que harán será fragmentar el mercado. Al final, los grandes perjudicados son las inmobiliarias con varios apartamentos gestionados en diferentes comunidades, ya que el pequeño propietario sólo deberá cumplir las condiciones que imponga su región. Para el cliente puede ser positivo, puesto que las nuevas normativas exigirán ciertos elementos de calidad.
En el mundo del turismo rural también hay preocupación por esta modificación, pero a la inversa. Si de algo se han quejado los hosteleros siempre es que el mercado del alquiler ilegal hace la competencia a la hotelería y el turismo rural, ya que no cumple con la normativa, ofrece precios más bajos y servicios de calidad inferior. Un estudio del Observatorio del Turismo Rural, plataforma creada por el portal Escapadarural.com, el CETT y la empresa Netquest, muestra que el 48,8% de los propietarios encuestados están preocupados por la oferta ilegal de alojamientos. Esta preocupación ocupa el segundo lugar, tras la excesiva oferta de casas rurales. Según un comunicado, Escapadarural, un directorio de alojamientos, ha rechazado la inscripción de 2.500 establecimientos que no estaban registrados en las direcciones de Turismo de las respectivas comunidades autónomas.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que existen 15.024 establecimientos de turismo rural abiertos en España, al menos de forma oficial, ya que no todos facilitan sus datos al Instituto. Ello hace que el número de plazas, a marzo de 2013, ascienda a 138.342 en todo el país. El problema no es para los alojamientos legales, que de una forma u otra cumplirán con la ley (además ya se están dando pasos para unificar su clasificación), sino para los propietarios que no han estado acostumbrados a pasar por ella y con la modificación de la ley verán como una parte de sus ingresos se desvanece o reciben sanciones por ello.
David Tornos, presidente de Asotur (Asociación de Gestores de Viviendas de Uso Turístico en la Comunidad de Madrid), explica que “la aprobación de este proyecto de ley puede herir de muerte a un sector económico en expansión cuyas aportaciones al PIB son, en muchas regiones, sobresalientes”. Tornos añade que la nueva legislación “también supone un menoscabo en los derechos civiles de los propietarios, que no pueden disponer de sus viviendas para obtener una renta de ellas, y la destrucción de empleos directos e indirectos derivados del ejercicio de esta actividad”.
