La ATM es el ejemplo de cómo se cocinan los asuntos en la política española: desvío de fondos públicos a entidades privadas que no están obligadas a dar explicaciones. Y, de comparsa, la Comunidad de Madrid, que elude sus obligaciones legales.
La entidad público-privada que se encarga de promocionar y fomentar el turismo en la Comunidad de Madrid ha recibido subvenciones de fondos públicos cuyo destino no ha justificado. A pesar de ello, el Gobierno madrileño no le ha pedido explicaciones ni le ha sancionado.
Se trata de la entidad privada, con participación pública, que se encarga de fomentar y promocionar el turismo de Madrid. Nadie sabe en qué gasta los millonarios fondos públicos que recibe.
Esta organización, creada por la Comunidad de Madrid y compuesta por empresas privadas del sector turístico, ha recibido 15 millones de euros del dinero de todos los madrileños y no facilita información sobre el destino de estos fondos, incumpliendo la Ley de Transparencia.