La sentencia que condena al consejo de administración de Spanair como culpables de su quiebra revela que la Generalitat de Cataluña controlaba la aerolínea y que sus ejecutivos ya sabían en julio de 2011 que la aerolínea no podía hacer frente a sus pagos.
En un breve auto, el juez Santiago Pedraz describe cómo Gerardo Díaz Ferrán e Iván Losada se hicieron con parte de los depósitos de los clientes de Marsans. Les acusa de apropiación indebida.
El concurso de acreedores de Spanair llega a su fin y el fiscal ha pedido al juez que declare culpables a los administradores de la aerolínea y les condene al pago de 72 millones de euros. Ferrán Soriano y Joan Gaspart estarían entre los empresarios afectados.
El juez deberá decidir definitivamente si el consejo de administración que suspendió pagos y cerró Spanair fue culpable. Los liquidadores no han encontrado errores de gestión, pero sí consideran que el concurso se pidió tarde y ello provocó problemas económicos para Spanair.
La empresa pública Poste Italiane (el equivalente al Correos español) entrará en el capital de Alitalia. Además, bancos y otros accionistas aportarán recursos para que la aerolínea no entre en quiebra.
El Grupo Jale, propietaria del Hotel Incosol Medical Spa de Marbella, ha recurrido el auto que liquida el establecimiento y despide a sus trabajadores. Plantea que los administradores concursales han perjudicado al establecimiento, que es viable, y se querellarán contra ellos.
Así lo indica el juez Eloy Velasco en un auto donde relata cómo Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual y Ángel de Cabo acordaron falsear el concurso de acreedores del grupo.
El Juzgado de lo Mercantil que tramita el concurso del Grupo Marsans ha sentenciado que Gerardo Díaz-Ferrán, propietario junto al fallecido Gonzalo Pascual del conglomerado, es culpable de la quiebra del mismo y le obliga a pagar las deudas.
Spanair contaba con un pasivo de 571 millones de euros antes de su quiebra en febrero de 2012, mientras que sólo tiene bienes por valor de 52,44 millones para cubrir ese agujero. Ahora, sus bienes se venderán hasta ese importe, cobrando primero los trabajadores y administradores concursales, y, con lo que sobre, los clientes, bancos y proveedores.
Sigue el proceso de desaparición de Orizonia, en concurso tras su quiebra a principios de 2013, lo que ha significado la desaparición de un gigante de la industria turística española. Los trabajadores afectados serán despedidos en las próximas semanas y podrán pasar a cobrar el paro.