Un juez de Palma de Mallorca ha decidido, seis años depués, llevar a juicio a 84 controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo en 2010. Les acusa de sedición. En otros 20 juzgados españoles los casos se han archivado sin encausar a ningún responsable y dando la razón a los controladores.
La Audiencia considera que la jueza de instrucción debe seguir investigando al existir indicios de delito y al no haber clarificado si las bajas masivas fueron reales o no. En Madrid y Barcelona siguen abiertos procedimientos judiciales por el caos aéreo de 2010.
El juez de instrucción de Málaga estima que, aunque pudo haber concierto entre los controladores aéreos para darse de baja de forma simultánea, los profesionales permanecieron en su centro de trabajo. Además, refiere que los perjuicios a los pasajeros se provocaron por el cierre de otros aeródromos.
El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid considera que 112 controladores pudieron cometer un delito de abandono de funciones públicas relacionado con un delito de sedición. El magistrado da un plazo a las partes para que pidan el archivo o el enjuiciamiento.
Un error del servicio de emergencias de Canarias y de diversos medios de comunicación, que no contrastaron la información, hizo creer durante 20 minutos que un avión se había estrellado en el mar de Canarias. Falsa alarma y mal lugar para el periodismo.
A pesar de que la jueza estima que no se cometió el delito de sedición, sí que ve indicios de que los controladores de Palma de Mallorca conspiraron para abandonar sus puestos de trabajo y entorpecer el servicio de tránsito aéreo.
El tribunal español de garantías considera que el juzgado contencioso administrativo debe motivar porqué no permite que más de 15.000 perjudicados puedan recurrir de forma conjunta.
El juzgado de Santiago que instruía el caso ha archivado el mismo al entender que cumplieron con la ley y que no abandonaron sus puestos de trabajo, sino que habían cumplido el número de horas máximas de trabajo en 2010.
Una nueva sentencia de la Audiencia Nacional considera que Aena no tiene que indemnizar por el abandono de los controladores aéreos de sus puestos de trabajo en diciembre de 2010.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, siguiendo el criterio de la fiscalía, considera que los controladores no cometieron ningún delito al presentar sus bajas por incapacidad laboral, lo que llevó a AENA a cerrar el espacio aéreo de la región en 2010. La resolución se suma a otra parecida de Santiago de Compostela.