Una sentencia del Tribunal Constitucional anula artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Madrid que permitían realizar obras y modificaciones en edificios históricos con fines comerciales.
El 24 de julio se cumple un año del accidente ferroviario de Santiago de Compostela, en el que perdieron la vida 79 personas. La investigación judicial prosigue sin celebrar juicio. El Gobierno ha tomado diversas medidas para mejorar la seguridad ferroviaria.
Por segunda vez, el juez Luis Aláez imputa a un presidente de Adif y varios directivos de la empresa por su presunta imprudencia al no configurar de forma correcta la seguridad del tramo en que se accidentó el Alvia Madrid-Santiago. El juez apunta al ahorro de costes como causa.
El juez de instrucción de Málaga estima que, aunque pudo haber concierto entre los controladores aéreos para darse de baja de forma simultánea, los profesionales permanecieron en su centro de trabajo. Además, refiere que los perjuicios a los pasajeros se provocaron por el cierre de otros aeródromos.
En un breve auto, el juez Santiago Pedraz describe cómo Gerardo Díaz Ferrán e Iván Losada se hicieron con parte de los depósitos de los clientes de Marsans. Les acusa de apropiación indebida.
El tribunal español de garantías considera que el juzgado contencioso administrativo debe motivar porqué no permite que más de 15.000 perjudicados puedan recurrir de forma conjunta.
El juzgado de Santiago que instruía el caso ha archivado el mismo al entender que cumplieron con la ley y que no abandonaron sus puestos de trabajo, sino que habían cumplido el número de horas máximas de trabajo en 2010.
La agencia Europa Press ha tenido acceso a documentos que muestran las sanciones impuestas a Ryanair por las autoridades españolas. También se desvela la poca actividad inspectora en el sector aéreo frente al creciente número de reclamaciones.
La Sala Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al anterior propietario del Grupo Marsans a dos años y dos meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública.
La Audiencia de Barcelona ha declarado abusivas y nulas cinco cláusulas de las condiciones de contratación de la aerolínea Vueling. Una de ellas es la que eximía de responsabilidad a la aerolínea en caso de huelgas.