La Guardia Civil imputa a cerca de 4.000 personas un delito de falsedad y fraude por usar certificados de residentes en las Islas Baleares cuando no han vivido nunca en el archipiélago. De momento no se conoce la cantidad defraudada.
El juez que instruye el caso Playa Sol, en el que presuntamente Fernando Ferré, su administrador, habría estafado a la Hacienda Pública, ha notificado el auto para que se celebre el juicio. Ferré está en la cárcel y Playa Sol, una de las cadenas hoteleras más importantes de Ibiza, en concurso de acreedores, pero funcionando.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE explica que, aunque la cancelación se produzca por imprevistos meteorológicos o geológicos, las aerolíneas se deben hacer cargo de la manutención y alojamiento de los pasajeros. La sentencia también permite que en previsión de estos gastos las aerolíneas los repercutan en el precio de los billetes.
Las dos cabezas más visibles del caso Marsans han ingresado en prisión acusados de confabularse para escapar de los acreedores y no pagar ni un euro. Díaz Ferrán podrá abandonar la cárcel si deposita 30 millones; De Cabo, 50 millones.
Pedro Garea, jefe de división de control del aeropuerto de Lavacolla (Galicia), asegura ante el juez que los controladores le avisaron con antelación de que cumplían sus horas máximas anuales.
Las aerolíneas denunciaron al Gobierno de Mariano Rajoy ante la Comisión Europea, que ha iniciado un expediente, por saltarse el trámite de consulta preceptiva al sector aéreo.
Una sentencia del Juzgado Mercantil de Madrid encuentra abusivas y nulas ocho cláusulas del contrato de transporte de Costa Cruceros. Esto abre la vía a que los afectados por el naufragio del Costa Concordia pueden reclamar a la compañía mayores indemnizaciones.
El director general de Empleo y el funcionario del Ministerio de Trabajo encargados de tramitar el ERE de Air Europa que supuso la salida de varios pilotos de la compañía se enfrentan a cargos de prevaricación. La querella fue desestimada, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se investigue.
La investigación del juez José Castro sobre la trama de financiación irregular del PP en la campaña electoral de 2003 ha salpicado a cinco hoteleras de las islas. La financiación se produciría a través de facturas falsas con la agencia de comunicación Over MC, según El País.
Un juzgado de Palma de Mallorca falla que la aerolínea escandinava SAS adeuda 6,3 millones a Quantum Air, antigua aerolínea de su propiedad que vendió a Aebal. El juzgado también encuentra irregularidades en las cuentas presentadas por SAS.