La compañía asegura que han cometido una falta muy grave al no volar las rutas que se les asignaron mientras estaban en periodo de incidencias, es decir, sin vuelos programados pero a disposición de la compañía para volar.
Iberia lleva a los tribunales las 30 jornadas de huelga que han convocado sus pilotos hasta julio.
Un dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE considera que el reglamento de indemnizaciones y compensaciones no establece límites de ayuda. Ello obligará a las aerolíneas a sufragar todos los gastos inmediatos de los pasajeros de vuelos cancelados incluso por motivos extraordinarios.
Las agencias agrupadas en la asociación ACAV han recurrido a los tribunales tras ver denegada su petición por la propia AENA. Pueden pasar varios años hasta que vean satisfechas sus pretensiones.
La apertura del juicio por la venta irregular de Aerolíneas Argentinas a Air Comet se acerca. El fiscal de la Audiencia Nacional que se encarga del caso ha pedido la imputación por delito fiscal de los ex dueños de Marsans y del presidente de Air Comet. También pide cárcel.
Los afectados se han agrupado a través de Internet y quieren llegar hasta los 180 damnificados. Pedirán entre 11.000 y 125.000 euros de indemnización.
Una demanda interpuesta por una asociación de consumidores alemanas podría hacer que el Tribunal de Justicia de la UE declare ilegal que las agencias asocien automáticamente un seguro de cancelación a los billetes de avión de sus clientes.
La Asociación Catalana de Agencias de Viajes (ACAV) ha emitido un comunicado en el que informa que el administrador concursal designado por el juez les impide devolver el dinero de los billetes a los compradores que no pudieron volar.
La asociación de transportistas aéreos chinos ha forzado al Gobierno de Pekín a prohibir el pago de los derechos de emisión de CO2 dentro de la UE. Rusia ha hecho lo mismo y diversas aerolíneas estadounidenses ya denunciaron este mercado de emisiones ante los tribunales.
El Tribunal de la UE ha dado la razón a la Comisión Europea y todas las aerolíneas que operen en el continente (también las extranjeras) deberán pagar por emitir gases a la atmósfera desde el 1 de enero de 2012. El coste estimado en ocho años es de más de 17.000 millones.