El Congreso ha aprobado la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que permite que cada comunidad autónoma legisle sobre el alquiler de casas vacacionales. Seguridad, pago de impuestos, proteción al consumidor e igualdad en la comptenecia son los principales argumentos.
El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ha aprobado el proyecto de Ley de Emprendedores que agilizará y facilitará la creación de empresas, la limitación de responsabilidad de los empresarios, introducirá el IVA de caja y facilitará visados a los emprendedores extranjeros que quieran venir a España.
En España se prepara una modificación legislativa para que cada región regule el alquiler vacacional, un sector que ofrece una gran competencia a los hoteles. Airbnb no ha sido sancionada, pero la resolución ataca el corazón de su negocio y el de sitios similares como 9flats o Wimdu.
El Gobierno desregulará el alquiler de apartamentos en toda España para que las comunidades autónomas legislen sobre esta materia. Con ello habrá diecisiete regulaciones distintas y los más perjudicados serán las inmobiliarias con apartamentos en varias regiones. Los propietarios rurales lo ven como un paso positivo.
Madrid prepara un decreto que regulará esta actividad, muy criticada por los hoteleros, y el Gobierno de España prepara un proyecto de modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que podría desregularizar el negocio para que cada comunidad autónoma legisle sobre la materia.
El Estado y Renfe no han firmado el contrato en el que se especifican las cantidades y los criterios usados para establecer los costes de estos servicios, que se deben pagar con los impuestos de todos los españoles. La Intervención del Estado llama la atención sobre esta falta.
Las diferentes legislaciones de cada comunidad autónoma sobre el alquiler y la falta de un sistema de clasificación común fueron algunos de los principales temas debatidos en un desayuno organizado por Networking Activo con la presencia de Destinia, Homelidays, Toprural, Rentalia y Garden Hotels.
El texto valida la mayoría de las construcciones irregulares que se han realizado en los últimos treinta años en la costa, aunque establece criterios más estrictos para autorizar nuevas construcciones o modificar las existentes. El Gobierno podrá suspender acuerdos de los ayuntamientos que infrinjan la ley.
El Ayuntamiento multará con entre 25 y 500 euros a aquellas personas que se salten esta normativa, con la que se pretende proteger el patrimonio histórico.
La huelga total que los trabajadores de Metro de Madrid, y en especial el…