El Ministerio de Medio Ambiente introducirá esta obligación en el reglamento que desarrollará la nueva Ley de Costas, muy criticada por los ecologistas y por diversas comunidades autónomas.
Greenpeace cuantifica en un informe en 140 millones de euros el gasto público anual por la mala gestión de las costas. La ONG pide derogar la nueva Ley de Costas al pensar que considera el litoral como un solar para construir.
La nueva Ley de Costas podría tener poca vida. Canarias, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Asturias recurrirán la norma ante del Tribunal Constitucional por considerar que vulnera sus competencias.
Se exigirán más requisitos a los chiringuitos para la protección de las playas y el litoral. Los ecologistas piensan que se privatiza más y no se tiene en cuenta el cambio climático.
El texto valida la mayoría de las construcciones irregulares que se han realizado en los últimos treinta años en la costa, aunque establece criterios más estrictos para autorizar nuevas construcciones o modificar las existentes. El Gobierno podrá suspender acuerdos de los ayuntamientos que infrinjan la ley.
PP y PSOE de Tarifa (Cádiz) se han unido para aprobar la construcción de un complejo hotelero de 1.400 habitaciones, junto con 350 viviendas, en una zona de playa virgen y que se encuentra entre dos parques naturales.