Bruselas investiga ayudas ilegales a aerolíneas en Gerona y Reus
La Comisión Europea ha abierto una investigación por posibles ayudas públicas ilegales a varias aerolíneas, entre ellas Ryanair, en los aeropuertos españoles de Gerona y Reus.
La Comisión Europea ha abierto una investigación por posibles ayudas públicas ilegales a varias aerolíneas, entre ellas Ryanair, en los aeropuertos españoles de Gerona y Reus.
Según datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el año pasado, se abrieron 493 expedientes sancionadores a compañías de transporte aéreo comercial de pasajeros y mercancías.
La aerolínea de bajo coste Ryanair ha negado las acusaciones de un grupo de pilotos de que se pone en riesgo la seguridad de los pasajeros por la política de contratación.
La aerolínea de bajo coste Ryanair, una de las que más reclamaciones tiene en las direcciones de Consumo de las comunidades autónomas, acudirá al arbitraje en determinados casos con consumidores andaluces.
En un auto, el alto tribunal inadmite el recurso de casación de Ryanair contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Ya hay dos sentencias a favor de que las agencias on line vendan los billetes de Ryanair.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE explica que, aunque la cancelación se produzca por imprevistos meteorológicos o geológicos, las aerolíneas se deben hacer cargo de la manutención y alojamiento de los pasajeros. La sentencia también permite que en previsión de estos gastos las aerolíneas los repercutan en el precio de los billetes.
El aumento de los ingresos por venta de billetes y por servicios complementarios ha mejorado los resultados de Ryanair.
La compañía de bajo coste modificará su programación en 2013. Prevé que se pierdan 4.500 puestos de trabajo.
Michael O’Leary, presidente de la aerolínea, esgrime un informe de las autoridades irlandesas de aviación en el que se concluye que los aterrizajes de emergencia del pasado 26 de julio se realizaron dentro de la normativa comunitaria.
Los últimos incidentes de Ryanair están poniendo en tela de juicio el sistema de sanciones para evitar posibles peligros. La sanción máxima que se puede imponer a una aerolínea en España es de 4,5 millones de euros, según la Ley de Seguridad Aérea.