MADRID.- La mayoría de trabajadores y clientes se han alegrado de que Gerardo Díaz Ferrán, expropietario de Viajes Marsans y expresidente de la patronal CEOE, haya sido encarcelado bajo los presuntos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible. A salvo su presunción de inocencia hasta que sea sometido a juicio, lo que es cierto es que Díaz Ferrán ha acabado en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien le ha impuesto una fianza de 30 millones de euros (una de las más elevadas en la historia judicial española). El fiscal pedía que ingresase en prisión sin fianza.
Junto a Díaz Ferrán, también ha ingresado en prisión Ángel de Cabo, al que Velasco ha impuesto una fianza para abandonar el presidio de 50 millones de euros. Según la investigación llevada a cabo por el juez, De Cabo y Díaz Ferrán se confabularon para que el primero comprase, a través de su empresa Possibilitum Business, el grupo Marsans y de esta forma ayudase a ocultar los bienes de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual (ya fallecido), propietarios de Marsans.
De esta forma, los dos empresarios turísticos podrían evitar la acción de sus acreedores. De hecho, ha sido gracias a la denuncia interpuesta por AC Hoteles, Meliá Hoteles, Pullmantur y el Grupo Orizonia que la investigación ha salido adelante. Básicamente, estas empresas acusaban a los propietarios de Marsans de montar un tinglado financiero para no hacer frente a sus obligaciones. Además de a los dos protagonistas de esta historia, también se ha detenido a los lugartenientes de los mismos: Iván Losada Castell, consejero delegado de Nueva Rumasa; Susana Mora, secretaria de Ángel de Cabo (aunque otros medios dicen que lo era de Iván Losada); Teodoro Garrido, cuñado de De Cabo; y Rafael Tormo, Carmelo José Estellez Giménez y José Enrique Pardo Manrique.
Los implicados, con Díaz Ferrán a la cabeza, lo han negado todo. El expresidente de la CEOE ha argumentado que en el momento en que vendió Marsans a Ángel de Cabo dejó de ser responsable de la administración de la sociedad. Sin embargo, los números que se han ido filtrando son mareantes. Los acreedores denunciantes reclaman 45 millones de euros y el juez ha bloqueado cuentas en efectivo y cheques por valor de 50 millones de euros. Los investigadores también han cursado comisiones rogatorias al extranjero por creer que los implicados cuentan con posesiones inmobiliarias en otros países, así como cuentas en paraísos fiscales.
Los investigadores también creen que Díaz Ferrán trató de ocultar, a través de una sociedad interpuesta, la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York por los que pagó 7,8 millones y 2,7 millones de dólares, respectivamente; junto con un chalet en Calviá (Mallorca) y un yate de 27 metros de eslora. Por si la historia fuese poco rocambolesca, en el domicilio del expresidente de la patronal la Policía encontró un kilo de oro y 150.000 euros en metálico.
Por su lado, antes de fallecer, Gonzalo Pascual habría donado a sus cuatro hijos sus participaciones empresariales en tres empresas propietarias de varias fincas de caza en Toledo. Habrá que ver si esta donación es legal. En cualquier caso, los hijos no podrán responder de ninguna manera por los supuestos delitos que hubiese cometido Pascual, aunque sí por la responsabilidad civil, en caso de que en un posterior juicio se determinase que existe.
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