MADRID.- Ana Pastor, ministra de Fomento, ha llevado al Consejo de Ministros la reorganización del servicio de trenes de Media Distancia (regionales). Este plan contempla la supresión de aquellos trenes que cubren trayectos con muy baja demanda, según un comunicado emitido por el ministerio. El plan se pondrá en marcha en los seis primeros meses de 2013 y la intención de Fomento es que en 2015 se genere un ahorro anual de costes de 51 millones de euros.
La estrategia de Fomento es declarar como obligaciones de servicio público aquellos trayectos “con un aprovechamiento superior al 15%”. Es decir, el Estado seguirá pagando a Renfe porque opere las rutas regionales que cuenten con viajeros en sus trenes. Asimismo, aquellos trayectos que estén por debajo de estos porcentajes también podrán sufragarse, siempre que se usen para cohesionar o vertebrar los diferentes territorios, por ejemplo, zonas en la que no operen otro tipo de transportes.
Los recorridos de Media Distancia que no son rentables en tren se operarán a través de autobuses e incluso trenes de larga distancia podrán cubrir determinadas líneas. Además, el ministerio asegura que otras relaciones de Media Distancia que se consideran servicio público se podrán operar por autobuses. En total, el Estado se hará cargo de más de 80 trayectos de Media Distancia. En la actualidad existen más de 100 trayectos de Media Distancia, por lo que se suprimirán o sustituirán por otros medios de transporte cerca de una veintena de los mismos.
Los datos que ha proporcionado el ministerio indican que el 51,7% de los trenes se dedican a cubrir servicios que sólo usan el 16% de los viajeros, con un aprovechamiento inferior al 15%. Es decir, en Fomento se proponen eliminar (o modificar mediante un servicio de autobús) casi la mitad de los trenes que ahora mismo funcionan en el servicio de Media Distancia. Ello obligará a modificar horarios, lo que con toda probabilidad supondrá reducir las frecuencias de determinados trenes.
Antes del 30 de septiembre de 2013, Fomento firmará con Renfe el contrato para prestar los servicios de interés público, determinando aquellos que quedan excluidos. Las comunidades autónomas podrán hacerse cargo de los trayecto que no sufrague el Estado, siempre que los paguen con sus propios recursos. Además, Renfe seguirá prestando el servicio de ferrocarriles de vía estrecha, aunque este también se racionalizará.