MADRID.- A veces los tiempos del Gobierno y la Administración no están coordinados. Juan José Hidalgo, presidente del grupo turístico Globalia, ha comparecido ante los medios para dar su versión sobre lo ocurrido con la fallida compra de Orizonia y el posterior concurso de acreedores del segundo conglomerado turístico español, que dejará a cerca de 3.000 personas en la calle y deudas de 150 millones a diversos hoteleros.
Hidalgo ha comentado que el Gobierno dio el visto bueno a la operación de compra. Según el presidente del grupo Globalia “hemos estado en contacto con las autoridades”, a la vez que ha agradecido al Gobierno “que haya hecho todo lo posible para que la operación saliera” adelante. “He hablado con cuatro ministros y el Presidente del Gobierno, que veían bien la operación”, ha explicado Hidalgo. Según el presidente de Globalia, la compañía fue contactada por Carlyle (uno de los accionistas de referencia en Orizonia), quien les ofreció la compra de Orizonia, días después del acuerdo al que habían llegado el grupo quebrado y Barceló. Hidalgo ha querido recalcar que “Globalia no es beneficiario de la caída de Orizonia” y que el grupo es un “perjudicado más”.
Asimismo, Hidalgo ha salido al paso de ciertas acusaciones de no cumplir lo acordado en la compra revelando que se prorrogó “el primer plazo que nos dimos en contrato, del 31 de enero al 17 de febrero, para dar más tiempo a la Comisión de la Competencia”. Hidalgo también ha añadido que “Globalia ha pagado a Orizonia 21 millones de euros en distintos conceptos, entre ellos la compra de Luabay, una compañía hotelera sin propiedades y con 11 contratos de arrendamiento y gestión”, a la vez que han “asumido 700 trabajadores de esta empresa”.
El presidente de Globalia ha dejado claro que la operación estaba sujeta al visto bueno de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que la pasó a segunda fase para analizarla en profundidad, “aunque sin garantías de que al cabo de dos meses, o más, la operación fuera a ser aprobada”. Este paso de la CNC también era clave para que los bancos acreedores aceptasen la quita de deuda pactada, que superaba el 80% de los casi 600 millones que debía Orizonia.
Sobre la posibilidad de solicitar el levantamiento de la suspensión cautelar de la compra, una medida que contempla la Ley de Defensa de la Competencia, Hidalgo ha manifestado que “no podíamos solicitar el levantamiento de la suspensión e inyectar 60 millones sin saber si la operación podía salir adelante y poner en riesgo nuestra empresa”. A ello ha añadido que Globalia es solvente y que en los tres primeros meses del año 2013 han mejorado su balance en 20 millones de euros.
Culpa a la Ley Concursal
Junto al presidente de Globalia ha comparecido Ramiro Campos, director jurídico de la compañía. Campos ha explicado que la Ley Concursal “no prevé soluciones viables a situaciones como la presente, en la que una de las partes se encuentra en un situación de preinsolvencia y necesita una tramitación de urgencia y medidas extraordinarias, que eviten que una sociedad en dificultades y con un comprador acabe presentando la solicitud de concurso de acreedores”.
Campos también ha referido que “en este expediente, la CNC ha visto riesgos para la competencia y ha decidido que necesitaba llevar a cabo un examen más profundo y pasar a segunda fase”, decisión que desde la compañía no comparten “pero la respetamos”. Acto seguido, el responsable jurídico de Globalia ha manifestado que “la culpa no se le puede achacar a las personas que hacen cumplir una ley, sino que la culpa es del legislador que no pensó que tras la bonanza llegaría una crisis y que las operaciones podrían ser entre empresas con dificultades económicas y que el cumplimento de la ley y sus plazos podría llevar a situaciones como la presente”.