MADRID.- Alquiler de apartamentos y hotelería. Dos modelos de negocio dentro del sector turístico que están obligados a convivir, por mucho que cada uno suponga una competencia muy dura para el otro. Sin embargo, las principales asociaciones hoteleras de España, con la CEHAT (confederación que agrupa a todas) a la cabeza, han venido manifestando en los últimos años la necesidad de regular el alquiler vacacional para evitar que los apartamentos ilegales canibalicen el mercado. Ana Isabel Mariño, consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que el Gobienro regional se encuentra ultimando un decreto con el que pretende poner coto a las viviendas particulares que “de modo ilegal” se destinan a uso turístico.
Los hoteleros de Madrid han denunciado en varias ocasiones a determinadas viviendas ante la dirección de Turismo, pero el problema que se encuentran los inspectores es que, al llegar al apartamento, el propietario alega que es una casa privada y no se permite el acceso a la misma. Entre los principales problemas que genera el alquiler ilegal se encuentran precios inferiores a los de mercado, además de la posibilidad de sufrir un fraude. La consejera madrileña no ha dado más detalles sobre el decreto, ni de qué forma se regulará la actividad del alquiler vacacional en la comunidad autónoma.
El alquiler de apartamentos es, después de la hotelería, el negocio que más pernoctaciones turísticas genera en España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2012 se registraron 63,07 millones de noches en apartamentos turísticos, un 1,07% menos que en el años precedente (la hotelería generó 281,37 millones de noches en el mismo año). Además, un estudio de la consultora Magma Tri Hospitality asegura que la estancia media en España en apartamentos turísticos es de 7,2 noches (el INE lo reduce a 7,13 noches), con un gasto medio diario de 53 euros. El sector del alquiler de apartamentos turísticos mueve cada año cerca de 2.000 millones de euros (entre actividad directa e indirecta). Muchos propietarios de viviendas han visto en este negocio una posibilidad de pagar sus hipotecas, a la vez que ofrecen un servicio.
A pesar de este volumen de pernoctaciones y negocio, el sector del alquiler con fines turísticos no cuenta con una legislación clara y se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994. Las comunidades autónomas sólo tienen competencias para regular su registro administrativo.
Viviendas fuera de la legalidad
Por otro lado se encuentran los profesionales del alquiler, con una visión completamente diferente. Desde Asotur (Asociación de Gestores de Viviendas de Uso Turístico en la Comunidad de Madrid) se alerta sobre la posibilidad de que 20.000 viviendas en alquiler salgan de la legalidad en España al modificarse la LAU. El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) se halla preparando un proyecto de ley para modificar esta norma en el que el alquiler turístico y por temporada dejaría de estar regulado.
Esto significa que el alquiler vacacional ya no se regiría por ley estatal y serían las comunidades autónomas quienes establecerían sus propias legislaciones en esta materia. La consecuencia más inmediata, como sucede en otros sectores (por ejemplo, el turismo rural), es que habría 17 normas diferentes para una misma actividad, rompiendo la unidad de mercado y creando desequilibrios normativos. En una región se podrían pedir menos trámites y menores costes para ejercer la actividad que en otra, por ejemplo.
En Asotur también explican que la firma de este proyecto de ley dejaría, en todas aquellas comunidades autónomas donde no existiera una normativa respecto al alquiler turístico, a miles de casas al margen de la legalidad. En toda España esta cifra podría ascender a 20.000 viviendas. En un comunicado enviado a los medios, David Tornos, presidente de Asotur, explica que “la aprobación de este proyecto de ley puede herir de muerte a un sector económico en expansión cuyas aportaciones al PIB son, en muchas regiones, sobresalientes”. Tornos añade que la nueva legislación “también supone un menoscabo en los derechos civiles de los propietarios, que no pueden disponer de sus viviendas para obtener una renta de ellas, y la destrucción de empleos directos e indirectos derivados del ejercicio de esta actividad”.
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