Hacia la liberalización del taxi en España

El trabajo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no es nada sencillo. Fundamentalmente porque el regulador dice, muchas veces, verdades que no sientan bien en determinados colectivos, como el del taxi. Según dos estudios de la CNMC, el monopolio del taxi en las ciudades de Córdoba y Málaga genera unas pérdidas para sus usuarios de casi 7 millones de euros anuales.

Y estas pérdidas se producen por lo que se ha venido denunciando desde hace años: la falta de competencia en el sector del taxi y el establecimiento de unas tarifas fijas. La CNMV va más allá y denuncia que las asociaciones de taxistas en estas dos ciudades han “cautivado” a la autoridad responsable de la concesión de licencias y fijación del precio, es decir, el Ayuntamiento, para que no dé entrada a más competidores. De esta manera, un negocio de 44 millones de euros en Málaga se reparte entre 1.432 licencias. O de otra manera: cada titular de una licencia factura al año unos 30.700 euros. Y, cuantas menos licencias haya, a más facturación toca cada taxista.

El asunto va más allá de la denuncia de la CNMV, que también ha impugnado las ordenanzas del taxi de Málaga y Córdoba, puesto que el organismo es un firme defensor de la liberalización de este mercado. Las aplicaciones móviles de economía colaborativa, como Uber, también presionan. En contra de lo que muchos piensan, la CNMV nunca ha defendido una desregulación salvaje, sino la posibilidad de que cualquier emprendedor pueda dedicarse a este negocio, pero con una normativa obligatoria sobre calidad, seguridad y formación, una cuestión bastante diferente a prohibir radicalmente la entrada de nuevos jugadores en el mercado. ¿Se imaginan que ayuntamiento prohibiese abrir más peluquerías o más tiendas de ropa en cualquier ciudad?

Otro vicio de este sistema de monopolio en el taxi es el precio de las licencias. En Córdoba, el importe se sitúa en los 107.914 euros, casi lo mismo que cuesta un piso de reducidas dimensiones, y 3,5 veces más que la facturación que se puede conseguir con una licencia en un año. Esto obliga a los taxistas a pedir préstamos (más bien hipotecas) por ese importe para comprar la licencia, lo que genera un círculo de endeudamiento asociado a esta actividad. Lo que a su vez conduce a la fijación de unas tarifas que permitan hacer frente a los gastos de amortización de ese préstamo, pero que no responden a la realidad del mercado.

Si el sector del taxi se liberaliza (esperamos que con un control sobre la calidad y la seguridad), la cuestión es qué sucederá con los taxitas que disponen de préstamos hipotecarios concedidos para comprar su licencia. En el momento en que cualquier persona pueda prestar este servicio, el precio de las licencias se situará en niveles normales, al igual que el importe de las tarifas. Y los taxistas se encontrarán con préstamos elevados por un “bien” (la licencia) que ya no tiene ese valor. Quizá entonces explote la “burbuja del taxi” como sucedió con la de la vivienda.