MADRID.- El sector del alquiler de apartamentos está enrarecido. Por un lado, este negocio encuentra un frente abierto con el setcor hotelero, que pide la regulación de esta actividad. Por el otro, se halla una campaña de relaciones públicas orquestada por grandes portales online como Airbnb, especializados en el denominado “alquiler colaborativo”, es decir, el arriendo de apartamentos, habitaciones o incluso camas a través de Internet y sin intermediarios.
Esta semana Airbnb ha presentado un informe sobre el impacto económico que este portal estadounidense tiene para la economía de la ciudad de Barcelona. Según este estudio, encargado por la empresa y realizado por la misma a través de una encuesta a 852 huéspedes y 566 anfitriones de la ciudad condal, Airbnb generó 128 millones de euros en impacto económico en la capital de Cataluña y ayudó a crear 4.310 puestos de trabajo. El estudio refiere que la mayoría de anfitriones alquilan sus residencias una media de 46 noches al año, con lo que consiguen unos 2.655 euros anuales de ingresos. De la encuesta realizada por el portal, el 60% de propietarios admite que usa estos ingresos para cubrir sus necesidades básicas, mientras que el 44% asegura que con ese dinero llega a final de mes. La pregunta debía ser de selección múltiple, puesto que como se ve el porcentaje total supera el 100%.
El estudio de Airbnb muestra un perfil de huésped de extracción humilde, con 3 de cada 4 ganando menos de 26.400 euros al año en Cataluña. Por otro lado, el portal asegura que este tipo de alquiler atrae a todo tipo de turistas, con una edad media de 36 años y con altas perspectivas de volver a visitar la ciudad.
Sin embargo, los hoteleros no están muy contentos con este tipo de empresas. Antonio Gil, presidente de Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), ha explicado que “el informe de Airbnb es claramente tendencioso porque la realidad es que se trata de beneficiarse ellos mismos y a aquellas empresas que se han creado con la idea de tener un hotel, agrupando apartamentos o habitaciones en diferentes edificios ya sea por compra o subarriendo, pero sin tener que cumplir las exigencias que tienen los establecimientos reglados”. Gil añade que estos portales “hablan de economía colaborativa cuando se trata pura y simplemente de un negocio sin cumplir normas, con total opacidad fiscal, con innumerables molestias a los vecinos del inmueble y con una inseguridad y desprotección total para los clientes”.
Regulación del alquiler
Los motivos detrás de esta guerra son económicos. El mercado del alquiler vacacional no ha estado regulado en España de forma específica, ya que se sometía a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) ha modificado esta ley para que cada comunidad autónoma pueda legislar sobre la materia. De cara al hotelero, la existencia del alquiler vacacional le supone dos problemas. En primer lugar una competencia en precio, ya que suele ser más barato. Y en segundo lugar, una competencia en estructura de negocio, ya que un propietario no suele pagar impuestos por el alquiler que recibe, ni tiene personal empleado para atender a los huéspedes, como sí ocurre en el caso de los hoteles. Además, si hay problemas entre propietario y cliente, éste tendrá que recurrir a los tribunales españoles, lentos y muchas veces ineficaces.
Por su lado, la irrupción de Internet en el mercado del alquiler ha supuesto todo un negocio para los portales dedicados a la intermediación. Como norma general existen dos modelos de negocio en este tipo de portales: aquellos que permiten la reserva directa y cobran un porcentaje de la misma al propietario; o aquellas webs que funcionan como listados de apartamentos y cobran una tarifa fija por anunciarse en los mismos. El nivel de fraude que existe en el sector es mínimo, pero como en todas las actividades comerciales también se da. De hecho, la Guardia Civil desarticuló hace pocos meses una red que se dedicaba a alquilar apartamentos con pésimas condiciones de salubridad.
Los hoteleros reclaman que se regule ya el alquiler de apartamentos, es decir, que se cree un registro administrativo donde se obligue a los propietarios a registrar la vivienda que alquilan. Con ello se les puede exigir el pago de determinadas tasas e impuestos, así como la oferta de determinadas condiciones y seguros por si surgen problemas con el cliente. Algunas comunidades de vecinos también han protestado por la aparición de este tipo de apartamentos, sobre todo cuando los turistas que llegan son escandalosos o maleducados.
Los Gobiernos regionales tienen la última palabra. Madrid anunció que en 2014 tendría lista la normativa para el alquiler vacacional, aunque se está retrasando y aún no hay noticias sobre la misma. Como ocurre con el turismo rural, puede suceder que cada comunidad autónoma legisle como mejor le parezca, creando diecisite leyes diferentes, con diferentes criterios a cumplir, por lo que puede ser más ventajoso alquilar un apartamento en Madrid que en Valencia, por ejemplo.
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