La huelga que los trabajadores de seguridad de la empresa Eulen, que prestan su servicio en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, muestra el error que supone privatizar determinados servicios que son esenciales para el buen funcionamiento del sistema aeroportuario. Los últimos afectados son los usuarios, que soportan interminables colas, y la imagen turística de España, que se ve negativamente afectada.
La empresa Eulen, a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE), se hizo con el contrato para la seguridad en los filtros de pasajeros, que se producen antes del embarque, por valor de 23,14 millones de euros para dos años de servicio. La adjudicación se realizó a través de la modalidad negociada, es decir, no hubo un concurso público al que pudo concurrir cualquier empresa, sino una negociación de las condiciones del contrato con varias compañías seleccionadas por Aena, el gestor aeroportuario español. Es un procedimiento legal, pero que limita las opciones de participación a cualquier empresa y es poco transparente.
El resultado es que las compañías con las que consulta la administración quieren hacerse con el contrato a toda costa, para lo que reducen los costes del mismo hasta el límite. A Aena, que es una empresa cotizada en bolsa y debe dar beneficios a sus accionistas, esta práctica también le compensa, porque reduce costes. En un servicio como el de la seguridad, el mayor coste es el de personal, por lo que las reducciones se producen en el sueldo de los trabajadores. Este es el punto principal del conflicto, ya que los salarios de los trabajadores de seguridad se han ido reduciendo en los últimos años, puesto que las empresas se han descolgado de los convenios sectoriales, aprobando otros dentro de la empresa y reduciendo las remuneraciones. El objetivo último es conseguir la máxima rentabilidad empresarial, aunque sea a costa de mantener trabajadores mal pagados y poco motivados, a la vez que se da un servicio pésimo a los pasajeros.
Como consecuencia, la reducción de salarios ha conllevado la huelga de trabajadores en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Los hechos son síntoma de un fracaso que no sólo afecta a este aeropuerto, sino que se extiende a la privatización de funciones esenciales que deben ser desarrolladas por el Estado, como garante del espacio público. El mantra de que la gestión privada es mejor que la pública no siempre es cierto ni válido para todas las situaciones, como demuestra la práctica y la teoría de la Hacienda Pública. Al final, el Gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular), del que depende Aena, se ha visto obligado, para provocar los menores problemas a los pasajeros, a obligar que los filtros de seguridad de El Prat sean gestionados por la Guardia Civil, un cuerpo mixto policial y militar, hasta que el conflicto se resuelva. Algo que debería ser normal.
Además de esta casi “militarización” del servicio de seguridad en los filtros de pasajeros, el Gobierno ha tomado otra medida que limita el derecho de huelga de los empleados de Eulen: ha nombrado a Marcos Peña, presidente del Consejo Económico Social, un órgano consultivo del Gobierno español para temas socioeconómicos y laborales, como árbitro en el conflicto. Peña tendrá que emitir un laudo de obligado cumplimiento para la empresa y trabajadores, que pondrá fin a la huelga de forma obligatoria. Este nombramiento se ha fundamentado en un decreto del año 1977, anterior a la actual Constitución española, ya que el derecho a la huelga no ha sido desarrollado por ningún gobierno en más de treinta años de democracia. Conflictos como el del Aeropuerto de Barcelona-El Prat se seguirán repitiendo mientras el Estado y los Gobiernos sigan privatizando servicios esenciales bajo criterios de rentabilidad y no de servicio público.
