MADRID.- Los trabajadores de Renfe y Adif han sido convocados a una huelga de 24 horas los días 31 de julio y 1 de agosto, aunque la convocatoria no ha sido respaldada por todos los sindicatos que se encuentran en ambas empresas públicas dedicadas al transporte de viajeros por ferrocarril y a la gestión de la infraestructura ferroviaria, respectivamente. Como en otros años, los paros se producen en fechas claves para las vacaciones de los españoles y el Ministerio de Fomento, dirigido por Ana Pastor, ha dictaminado unos servicios mínimos que intentan garantizar el derecho a la huelga, pero también el derecho de los clientes y pasajeros a desplazarse a sus destinos.
De esta manera, con los servicios mínimos fijados, el 77% de los trenes AVE y Larga Distancia funcionarán en ambos días de huelga. En cuanto a los regionales (media distancia), habrá como mínimo 65% de los convoyes funcionando. En el caso de Cercanías, la media de trenes será del 75% en las horas punta y del 50% en el resto de horarios (en Cataluña serán de un 66% en hora punta y de un 33% en horas con menor demanda).
Detrás de las movilizaciones convocadas por los sindicatos CGT, CCOO y Sindicato Ferroviario se encuentra la progresiva privatización del transporte de viajeros por tren y de determinadas áreas de gestión ferroviaria. En un comunicado, el Sindicato Ferroviario explica que las huelgas se producen para protestar contra la privatización de las líneas (de alta velocidad) de Renfe en el corredor Levante (el que une Madrid con Valencia), pero también por la privatización del mantenimiento de las instalaciones de señalización, las taquillas de las estaciones de Cercanías, la externalización de cargas de trabajo en los talleres, la de información telefónica, venta de billetes o la falta de personal. Las reclamaciones retributivas también tienen espacio: despidos colectivos, negativa a un plan de prejubilaciones, recortes del 50% en los planes de acción social o la movilidad forzosa de 413 trabajadores de Adif.
Futuro incierto
La realidad es que el sector ferroviario se enfrentará en los próximos ejercicios a un panorama difícil. Hasta hace unos años, el ferrocarril ha sido un monopolio estatal y la falta de competencia hacía que las condiciones laborales de sus trabajadores fuesen muy buenas, con salarios elevados y beneficios sociales que en un mercado libre son difíciles de mantener. A ello se sumaba que la continua entrada de dinero público en las arcas del Estado durante los años de bonanza económica llevó a mejorar el servicio y a invertir en la construcción de líneas (de alta velocidad), pero la crisis también ha desangrado el número de pasajeros (y de ingresos) en el sector ferroviario. Además, el Gobierno español no ha sabido crear una infraestructura de transporte de mercancías por ferrocarril atractiva como para generar una cifra de negocio importante e inversiones de empresas privadas en este capítulo.
Sin embargo, la liberalización impuesta por la Unión Europea ha empezado a poner en duda todas estas certezas. En España, la entrada de competidores privados (tras varios avisos de la Comisión Europea) se producirá tarde y con un efecto controlado. De momento, el Gobierno español abrirá a la competencia el corredor de Levante, adjudicando una licencia a una empresa durante siete años. Las condiciones, que no parecen muy atractivas, han hechos que algunas compañías interesadas no se hayan mostrado muy dispuestas. En este escenario, Renfe, la compañía pública, tendrá que ajustar los costes de su actividad no subvencionada por el Estado (alta velocidad y larga distancia), lo que requerirá despedir a trabajadores y reducir salarios. Al entrar un sólo competidor, los efectos serán limitados, pero sucederán, porque habrá un trasvase de clientes, con lo que se producirá una merma de ingresos para Renfe, que tendrá que compensar reduciendo gastos si no quiere entrar en pérdidas.
Servicios públicos
La parte subvencionada con dinero público de Renfe (Cercanías y media distancia) también atraviesa su propio calvario. Por un lado, los recursos públicos para sostener estos servicios se han reducido con la crisis, lo que ha afectado a los trabajadores, fundamentalmente con despidos y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Además, los precios se han incrementado para el cliente a cambio de un servicio peor y se han recortado rutas de media distancia (trenes que cubren varias regiones). Es probable que la tendencia siga.
A la vez que se da entrada a otros competidores en el transporte de viajeros, servicios relacionados también se privatizan con la idea de mejorar los costes: asistencia al cliente, venta de billetes, etcétera. En el último año, Renfe se ha venido preparando para este momento, dividiendo su actividad en cuatro empresas independientes y asignando a cada una determinados recrusos.
La teoría es que la liberalización debería beneficiar al cliente con mejores precios, mejor servicio y mayores ofertas, ya que habrá una mayor competencia de diferentes empresas por hacerse con el mercado. Sin embargo, hasta que eso suceda, el pasajero deberá soportar muchas huelgas, retrasos y cancelaciones.