Los controladores aéreos de Palma de Mallorca (Baleares) se sentarán en el banquillo de los acusados en un juicio donde se ventilará su presunta implicación en el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010. Seis años después de los incidentes que supusieron la cancelación de miles de vuelos en toda España en el inicio de un puente vacacional, el asunto sigue coleando en los tribunales sin que se haya encontrado a ningún responsable de los hechos.
En un auto, el juez Juan Manuel Sobrino, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca, ha decidido abrir juicio oral contra 84 controladores aéreos, acusándoles de un presunto delito de sedición, penado con entre seis meses a ocho años de cárcel, en función de su gravedad, además de las indemnizaciones que se fijen. El juez sólo exime a dos controladores del centro de Palma de Mallorca por diferentes motivos.
Ante el cierre del espacio aéreo, el Gobierno español, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), aprobó un decreto de urgencia con el que declaró el estado de alarma y militarizó a los controladores aéreos civiles y a las torres de control para volver a la normalidad. El sector turístico valoró en su momento las pérdidas por estos hechos en 300 millones de euros.
“Paralizar el tráfico aéreo”
En la resolución judicial, el magistrado deduce de las diligencias que “los investigados decidieron, de forma conjunta y coordinada, en las asambleas que tuvieron lugar en los tres aeropuertos, paralizar el tráfico aéreo español”. Además, el titular del juzgado añade que los encausados también “decidieron simular incapacidades psicofísicas para el trabajo”. Sobrino aporta extractos de las comunicaciones entre los controladores aéreos que tuvieron lugar entre el 3 y el 4 de diciembre y que fueron grabadas. De ellas se infiere que los participantes sabían qué estaba ocurriendo, emplean la palabra “huelga” en varias ocasiones y muestran su rechazo o bien animan a realizar otro paro en las fechas navideñas.
En el auto, el juez también explica que esta situación fue consecuencia del conflicto laboral que mantenían los controladores con el Ministerio de Fomento, ocupado por José Blanco, a causa de las horas de trabajo anuales. El 3 de diciembre de 2010, en el inicio del denominado “puente de la Constitución”, el Gobierno aprobó un decreto que ampliaba la jornada laboral de estos profesionales, lo que desencadenó el conflicto.
Con la anterior legislación, muchos controladores aéreos habían cumplido su cupo máximo de horas y no podían realizar más. Por ello, el Gobierno incrementó su jornada laboral. El auto también relaciona el cierre del espacio aéreo con la falta de controladores por el abandono de sus puestos. Los controladores venían quejándose desde antes de 2010 del exceso de horas, del fin de la jornada anual para muchos de ellos antes de que acabase el año, de la falta de personal y de los problemas que esto podría acarrear para la seguridad de los pasajeros.
La apertura de juicio no significa que los 84 investigados sean culpables, algo que decidirá un tribunal de tres magistrados de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, ante los que se presentarán todas las pruebas y los controladores encausados podrán defenderse.
Archivos en 20 juzgados
Los hechos dieron origen a multitud de denuncias contra controladores aéreos de diferentes regiones de España. En una veintena de juzgados, las causas contra estos profesionales se han archivado, porque no se han encontrado indicios delictivos. Sólo siguen adelante las investigaciones de Baleares y Madrid. Los jueces de ambos procesos ya han elevado la causa para que se celebre el juicio en el que se dirimirá si existió o no delito.
Por su lado, los controladores aéreos han venido reivindicando que no se produjo una huelga concertada con anterioridad y que el cierre del espacio aéreo fue una decisión unilateral tomada por Aena, el gestor aeroportuario español. En junio, el sindicato USCA, mayoritario en la profesión, presentó un documental en el que intenta demostrar su versión de los hechos. Algunos jueces, como José Antonio Vázquez, que instruyó y cerró la causa en Santiago de Compostela, dio la razón de forma rotunda a los controladores y concluyó en su investigación que no hubo un paro concertado y que el cierre del espacio aéreo español en 2010 fue una decisión gubernamental, ya que había suficientes controladores trabajando en Galicia. Si esto fue así, o no, en Madrid y Baleares, lo decidirán seis jueces, tres por juicio, en 2017.