La Asociación Turismo de Madrid no ha justificado el uso de 6 millones de euros

Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, en un hostel | Foto: Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid subvencionó a la Asociación Turismo de Madrid (ATM) con 6,45 millones de euros, dinero público cuyo destino no ha sido justificado por esta organización privada, incumpliendo la normativa sobre subvenciones. El dato aparece en un informe del Tribunal de Cuentas del 22 de julio (número 1.169), donde se airean algunas irregularidades cometidas en la concesión de estas subvenciones a la ATM, una asociación en la que participan empresas del mundo turístico español como AC Hoteles, Alsa, Barceló o Iberia, entre otras.

Estas subvenciones se concedieron en los años 2013 y 2014, la primera por importe de 450.000 euros, aunque se amplió en 1 millón más. Por su lado, en 2014 se presupuestaron 2 millones de euros, pero se acabaron concediendo hasta 5 millones. El Consejo de Gobierno presidido por Ignacio González (Partido Popular, en la foto) autorizó ambas subvenciones, mientras que Joaquín Castillo, el anterior director de Turismo de la Comunidad de Madrid, dio luz verde al pago de las mismas.

¿Qué es y qué sabemos sobre la Asociación Turismo de Madrid?

OPINIÓN: ¿En qué ha gastado 6 millones la Asociación Turismo de Madrid?

Entre todas las irregularidades que detecta el Tribunal de Cuentas, la más grave es que la ATM no ha justificado en qué ha empleado el dinero de las dos subvenciones. Es decir, la asociación no ha dado cuenta a la Dirección General de Turismo de en qué ha gastado todo ese dinero. La justificación es una obligación recogida en la Ley General de Subvenciones y en la Ley de Subvenciones de la Comunidad de Madrid y su incumplimiento es sancionado como una infracción grave en la ley estatal y como una infracción leve en la norma autonómica.

Por otro lado, el Tribunal destaca que el expediente de estas subvenciones tampoco incluye “la realización por parte del órgano competente [la Dirección General de Turismo] de actuaciones de comprobación relativas al destino y aplicación de la ayuda, ni del inicio de las que correspondería haber efectuado en el supuesto de incumplimiento del deber de justificación por parte del beneficiario”. Es decir, que desde la Administración tampoco se ha pedido la explicación a la ATM del uso de estos fondos.

Pérdida de fondos públicos

Si se sancionase a la ATM por no justificar el destino del dinero público recibido, las consecuencias podrían ser una multa de igual importe que las cantidades no justificadas, la pérdida durante el plazo de un año del derecho a obtener subvenciones de la Comunidad de Madrid o la prohibición, durante un año, de celebrar contratos con los organismos autonómicos.

La inactividad de la Dirección General de Turismo para pedir explicaciones a la ATM, o para instruir los expedientes sancionadores, está provocando que estas presuntas infracciones prescriban, ya que la ley de la Comunidad de Madrid (aplicable a este caso) contempla que las infracciones leves prescriben al año. Es decir, la falta de justificación de la subvención concedida en 2013 y 2014 ya habría prescrito.

El informe del tribunal también llama la atención sobre el incremento de 2 millones a 5 millones de euros en la subvención del año 2014. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2014 contemplaban la subvención a la ATM por 2 millones de euros, pero el Gobierno de Ignacio González autorizó la ampliación, para lo que destinó fondos sobrantes de otras partidas. La ATM tampoco ha explicado a qué se ha dedicado esta cantidad ni la Dirección General de Turismo ha realizado acciones para pedir las cuentas.

Este medio ya informó de que la ATM, a pesar de recibir subvenciones millonarias de la Comunidad de Madrid, no publica sus datos económicos financieros, lo que supone un flagrante incumplimiento de la Ley de Transparencia. Ni la asociación ni el Tribunal Administrativo de Madrid han considerado que la ATM esté obligada a facilitar esta información a petición de los ciudadanos, sino que su obligación se circunscribe a publicarla motu propio, algo que no realiza pese al mandato legal.