Inauguración de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y Magdalena Álvarez, ministra de Fomento | Foto: La Moncloa
MADRID.- La Guardia Civil y la fiscalía tienen sospechas de que se infló el precio de las obras de construcción de la línea de AVE Madrid-Barcelona, en el tramo de la Segrera. A principios de semana se producía el registro de la sede de Adif, la empresa pública que se encarga de gestionar y construir las infraestructuras ferroviarias en España, y la detención de algunos de sus trabajadores por agentes de la Guardia Civil. También se registraba la sede de la constructora Corsán, una de las muchas empresas que en los últimos años han realizado las obras de las líneas férreas del tren de alta velocidad (AVE). En la operación se ha detenido a 10 personas, entre trabajadores de ambas compañías, y el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona es el que se está haciendo cargo de la investigación. Guardia Civil y fiscalía sospechan que se ha producido una malversación de 6 millones de euros, provenientes de fondos públicos, que presuntamente habrían ido a engrosar los bolsillos de trabajadores de Adif y de la empresa constructora.
Si la investigación confirma los indicios, y en el posterior juicio se condena a los imputados, se trará de uno de los mayores casos de corrupción en la construcción de infraestructuras públicas. La versión de la fiscalía, que es el acusador público en el proceso penal español, es que los implicados generaron un sobreprecio de 6 millones de euros en el coste original de la obra (de 86 millones a 92 millones de euros) para beneficiar a la empresa Corsán, poniéndose de acuerdo directivos de Adif y de la empresa constructora. A cambio de este sobreprecio, los empleados de Adif habrían recibido dinero. Todos los imputados han negado los hechos y han quedado en libertad, algunos de ellos tras depositar fianzas.
Procedimiento habitual
Que las obras de una infraestructura cuesten más de lo que estaba presupuestado es algo normal en España. Por ejemplo, la construcción de la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas (hoy Adolfo Suárez) costó 6.200 millones de euros, cinco veces más que el presupuesto original. Esto no significa necesariamente que el sobreprecio sea porque alguien se está llenando los bolsillos con dinero público. Muchas veces, el aumento de los importes se debe a modificaciones en las obras o a trabajos imprevistos. Sin embargo, el sistema de licitación español de obra pública está pensado para que las constructoras siempre ganen, ya que a la hora de presentar los proyectos a concurso para adjudicarse las obras se suele presupuestar por debajo de los costes reales de obra, con el fin de ofrecer el precio más bajo. Después, las administraciones no dudan en aceptar la ampliación presupuestaria.
El Tribunal de Cuentas, órgano de fisclización de las cuentas públicas en España, ha advertido en diversos informes de estas prácticas. De hecho, este tribunal tiene abierta una investigación sobre un presunto sobrecoste de 400 millones de euros en las obras del AVE Madrid-Barcelona. En concreto, el organismo investiga el aumento del precio del contrato para la construcción de la plataforma en el tramo Hospitalet-La Torrasa por un importe de 247 millones de euros, un 230% más del precio adjudicado inicialmente. El tribunal también investiga otros 150 millones de euros de sobrecoste en la misma línea.
La joya, empañada
El tren de alta velocidad en España es una de las joyas de las que gustan presumir los políticos de todos los colores. Sin embargo, en los últimos años se ha puesto de manifiesto que, como con otras infraestructuras, la construcción de estas líneas en los años de bonanza económica se hacía sin control. A los sobrecostes se suman la duda sobre la seguridad de los trazados, tras el accidente del tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol, el 24 de julio de 2013. Murieron 79 personas y más de un centenar resultaron heridas. Otras líneas, como la Y vasca o el enlace con Portugal han visto sus obras retrasadas, cuando no paralizadas a causa de la crisis. Todo el conjunto da una imagen pésima de la gestión de este tipo de infraestructuras, más cuando España y las grandes constructoras afines al poder político que se encargan de estas obras se han propuesto exportar el tren de alta velocidad. El primer proyecto es la unión de La Meca y Medina en Arabia Saudí.
La línea de AVE entre Madrid y Barcelona se ha construido con los gobiernos del Partido Popular (actualmente en el poder) y el PSOE dirigiendo España. Cuando se produjeron supuestamente los hechos que investiga la justicia, José Blanco era ministro de Fomento en el último ejecutivo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Blanco, que fue investigado por trafico de influencias cuando era ministro, aunque no fue considerado imputable, ha salido al paso desligándose de las obras y su coninuadora en el cargo, Ana Pastor (PP), se ha puesto a disposición de la justicia para aclarar lo sucedido en Adif. Malos tiempos para la empresa pública, y el Ministerio de Fomento, que también se enfrenta a posibles problemas en la causa penal por el accidente del tren Madrid-Ferrol.