MADRID.- El sector turístico de las Islas Canarias está preocupado por la autorización que el Gobierno ha dado a Repsol para iniciar la extracción del petróleo cercano al archipiélago, frente a las costas de Marruecos. El Ejecutivo decidió, en su último Consejo de Ministros, dar luz verde a la empresa petrolera para realizar las primeras catas, es decir, las primeras extracciones experimentales con el fin de conocer la ubicación exacta de la bolsa de crudo. Esta era una reivindicaión que Repsol ya había realizado en la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que data de 2001, cuando se dio la autorización efectiva, pero se paralizó por el Tribunal Supremo debido a defectos formales. Marruecos también está preocupado, pero por otros motivos de carácter estratégico y soberanista.
Según informa el diario El País, el sector piensa que las futuras extracciones podrían tener un impacto negativo sobre la imagen turística del destino. Los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, las islas más cercanas, junto con el mayorista alemán TUI ya se han quejado de que un posibe vertido quedaría ligado a la marca Canarias. Y no sólo eso, sino que afectaría medioambientalmente a zonas protegidas en los archipiélagos.
Según la referencia del último Consejo de Ministros, las prospecciones se realizarán a más de 60 kilómetros del archipiélago canario, esta prospección de petróleo “además de tratar de paliar la dependencia española casi absoluta en la importación de gas y petróleo, tiene un alto potencial de creación de empleo altamente cualificado y complementa la actividad económica de las Islas Canarias”.
Lo que de momento ha autorizado el Gobierno es la prospección, es decir, la investigación de la bolsa de petróleo, su extensión y calidad. Si Repsol quiere explotar la misma, deberá solicitar un permiso especial al Gobierno para poder realizarlo, que con toda seguridad se concederá. Además, el Gobierno señala que, con carácter previo a cada trabajo de investigación, Repsol deberá conseguir una autorización administrativa con la que se verificará el cumplimiento de los requisitos de seguridad medioambiental.
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