Avión MD-83 de Spanair aterrizando | Foto: 54north para Wikipedia
El juez que tramita la quiebra de Spanair ha considerado que el concurso de acreedores es culpable y ha condenado a los integrantes del consejo de administración de la arolínea al pago de 10,8 millones y a la inhabilitación durante dos años para administrar patrimonios ajenos. Entre los condenados se encuentra Ferrán Soriano, el que fue presidente de la compañía aérea y hoy desempeña el cargo de director ejecutivo en el club de fútbol Manchester City. Soriano ha sido condenado con el resto del consejo de administración, el órgano en el que se sentaban representantes de los accionistas y que se encargaba de tomar las decisiones estratégicas y de gestión en la empresa.
La quiebra de Spanair fue producto de un cúmulo de circustancias. En agosto de 2008, un avión de la aerolínea sufrió un accidente en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, provocando la muerte de más de un centenar de personas. Un fallo a la hora de solucionar un problema con una sonda térmica desencadenó una cadena de errores que llevaron al accidente. Fue un duro golpe de imagen para la aerolínea. Por otro lado, la competencia de las compañías de bajo coste hizo mucha mella en el negocio de Spanair, que tardó en adaptar su modelo de negocio. La quiebra afectó a 2.075 trabajadores, algunos de los cuales pudieron encontrar trabajo en otras aerolíneas, ya más de 8.000 pasajeros.
En una sentencia de 65 páginas (que se puede consultar al final de esta información), el juez Juan Manuel de Castro, titular del Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona, refiere que Spanair, cuando solicitó el concurso de acreedores, llevaba al menos tres años obteniendo pérdidas y cómo la Generalitat de Cataluña, a través de empresas instrumentales, había estado financiando la actividad de la aerolínea con préstamos millonarios. En total, el Gobierno catalán, a través de la empresa Avançsa, facilitó fondos a Spanair por valor superior a 70 millones de euros, mientras que la Fira de Barcelona, la entidad que se encarga de organizar las ferias en la capital catalana, había facilitado una línea de crédito de 10 millones a la aerolínea.
Los tentáculos del Gobierno catalán de Convergencia i Unió llegaron hasta tal punto que, cada semana, los ejecutivos de Spanair se reunían con diferentes miembros del ejecutivo autonómico. El consejero de Economía Andreu Mas-Colell declaró en el juicio por escrito y reconoció que la Generalitat tenía dos objetivos claros: salvar la compañía y los puestos de trabajo (“más de 4.000”) y crear un aeropuerto internacional en Barcelona con conexiones a todo el mundo “a la altura de la realidad económica” de esta región de España. Por su lado, el exconsejero Felip Puig explicó en el juicio, también por escrito, que “había un seguimiento de la evolución del negocio y de la tesorería” y que la Generalitat, a través de Avançsa, “figuraba como observador en el consejo de administración y en la comisión ejecutiva de Sapanair”. Este hecho es lo que llevará al juez a condenar a Avançsa y, de forma, indirecta a la Generalitat de Cataluña como culpables por la quiebra de Spanair.
Por otro lado, tras analizar diversos informes de peritos, el juez concluye que Spanair era insolvente el 30 de junio de 2011, es decir, que desde esa fecha no podía hacer frente a sus obligaciones por contar con una deuda elevada y pocos recursos para devolverla. Los directivos de la aerolínea solicitaron el concurso de acreedores a finales de enero de 2012, seis meses después, durante los que siguieron operando con total normalidad. El concurso se registró en esa fecha porque, tras la fallida negociación para que Qatar Airways invirtiese en Spanair, la Generalitat dejó de financiar a la aerolínea. En 2012 también se produjo uno de los mayores recortes presupuestarios en todas las comunidades autónomas y el Gobierno español tuvo que habilitar un fondo extraordinario para que las regiones condificultades financieras pudiesen hacer frente a sus obligaciones. Dado que la Generalitat controlaba semanalmente la evolución de la compañía, sus ejecutivos también dieron conocimiento a la misma de la situación de insolvencia en que se encontraba en el verano de 2011. El juez manifiesta que una prueba de ello eran los continuos créditos que concedía el Gobierno catalán para financiar la actividad de la empresa.
El magistrado de Castro revela que en la fecha de insolvencia, la tesorería efectiva (descontando un aval de SAS, la aerolínea escandinava que era accionista en Spanair) no alcanzaba para pagar el 20% de las deudas vencidas en esa fecha. Por si quedase alguna duda, el juez también esgrime las actas del consejo de administración del 26 de mayo de 2011, un mes antes de la insolvencia, en la que Soriano ya manifestaba la existencia de esta imposibilidad para hacer frente a los pagos. Mientras, Spanair seguía volando y vendiendo billetes.
El juez también considera que los directivos de Spanair no sólo retrasaron la declaración del concurso, sino que agravaron la situación de insolvencia. Entre el conocimiento de que la aerolínea era insolvente y la petición del concurso de acreedores, la Generalitat, a través de Avançsa, insufló dinero a Spanair con varios préstamos participativos. Este hecho permitió a la compañía seguir operando al poder pagar sus gastos corrientes (sueldos, seguridad social, impuestos, alquiler de aviones y combustible), pero no era suficiente para hacer frente a los préstamos con bancos y al pago a otros proveedores. Además, los nuevos préstamos suponían ingresos extras, pero también el incremento de la deuda a devolver. Aunque el juez no realiza pronunciamientos políticos, sí que refiere en uno de los ordinales de la sentencia que esta agravación se produjo “sin perjuicio de la calificación, consideración u opinión que pueda merecer el hecho de que una administración pública preste dinero de todos los ciudadanos en un proyecto del que existían muchas dudas sobre su viabilidad futura”.
Con todos estos mimbres, el juez declara el concurso culpable por el retraso de los ejecutivos de Spanair en pedir el mismo. De esta forma, los afectados por esta culpabilidad son Ferrán Soriano, Michael Balint, Fira de Barcelona, Miquel Martí, Jordi Rafael Bago, Josep María Benet, Insersions Turistiques i Comercials 2009, Josep Mateu, Catalana d’Iniciatives, Benny Zakrisson, Karl Mats Erik y Avançsa. Todos eran componentes del consejo de administración de Spanair. La culpabilidad conlleva la inhabilitación para gestionar bienes ajenos, representar o administrar a cualquier persona (incluso empresas) durante dos años. También se impone el pago solidario de los 10,8 millones de euros de déficit que se provocó entre julio de 2011 y enero de 2012, cuando se solicitó el concurso.
La sentencia se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Barcelona (la Generalitat ya ha anunciado que lo hará) y la decisión de la Audiencia puede ser nuevamente recurrida ante el Tribunal Supremo. Es de esperar que el caso llegue hasta la máxima instancia judicial de España, lo que puede retrasar una sentencia definitiva cuatro años más. Durante el tiempo en que se recurra la resolución del juez de Barcelona, las condenas impuestas no se ejecutarán, por lo que los afectados pueden seguir gestionando empresas y no tienen que pagar el importe señalado.
