MADRID.- La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde (Gran Canaria), María Ángeles Zabala, ha dictado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra los controladores aéreos de la isla por el cierre del espacio aéreo que tuvo lugar los días 3 y 4 de diciembre de 2010.
El archivo llega después de que la propia Fiscalía de Las Palmas recomendara a la magistrada que sobreseyera el caso al no apreciar delito en la actuación de los controladores asignados al Centro de Control Aéreo de Canarias ese día, a los que se acusaba de haber participado en un plante concertado, en pleno conflicto laboral con el Gobierno, con grave perjuicio para el servicio.
El día de autos, once de los veintidós controladores asignados al turno de tarde abandonaron su puesto alegando incapacidad sobrevenida en una cadena de bajas que llevó a AENA a cerrar el espacio de Canarias en vista de lo que estaba ocurriendo en otros aeropuertos españoles. Dos de estos profesionales fueron trasladados al hospital por ataques de ansiedad, otros cuatro presentaron en las horas siguientes la baja médica y el resto se acogió, sin más, al artículo de la Ley de Seguridad Aérea que les obliga a dejar su tarea cuando sienten que no están en condiciones físicas o psíquicas para desempeñarla.
La Fiscalía reconoce en su escrito donde pide el archivo que tal número de bajas sobrevenidas es “inusual y demasiado coincidente”, lo que justificaba “en un primer momento” que se pudiera “pensar que hubo concierto para una simulación de indisposiciones con la finalidad de entorpecer el gravemente el tráfico aéreo”. No obstante, el fiscal precisa que las pruebas recabadas sobre este asunto no permiten afirmar más allá de toda duda que hubiera tal plante concertado, ni siquiera decir que el cierre del espacio aéreo de Canarias fuera culpa de las bajas de controladores. Y es que para el fiscal, aunque AENA obró con prudencia al cerrar el espacio aéreo gran canario, esta decisión pudo ser precipitada, ya que en el centro de control aún quedaban 11 controladores, lo que permitía seguir operando.
En el auto, la magistrada concluye, sin exponer más argumentos, que “de lo actuado no aparece debidamente acreditada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de esta causa” (abandono colectivo del destino por parte de funcionarios públicos, de forma manifiestamente ilegal y con grave perjuicio para el servicio, artículo 409 del Código Penal), por lo que “procede decretar el sobreseimiento de las actuaciones”.
Lla Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) explica que con el cierre de dicha causa son ya tres los procesos judiciales que se han archivado durante el último mes contra los controladores, después de las causas de Santiago de Compostela y del Aeropuerto de Girona-Costa Brava.
Diego Salmerón, abogado de USCA, ha expresado su conformidad con la Fiscalía de Las Palmas y considera que “el auto de archivo de las diligencias seguidas en Canarias viene a legitimar la actuación de los controladores aéreos en el archipiélago canario y demuestra que en contra de lo que habían sostenido los antiguos gestores de Aena, el cierre del espacio aéreo canario fue innecesario e injustificado”. También recalcó que “ha quedado acreditado que la decisión la adoptó la entonces jefa de División ante las advertencias que durante la mañana le dieron los Servicios Centrales de Aena en Madrid y que en el momento de dar la orden de RATE-0 (cierre del espacio aéreo) no verificó la dotación de controladores presentes y disponibles”.
