MADRID.- El Gobierno español está buscando entre tres y cinco accionistas de referencia para la privatización de los aeropuertos españoles, según se desprende de un informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) del 21 de octubre, un organismo público que asesora al Ejecutivo en la venta de empresas y entidades estatales. Aunque no se menciona en el informe, estos inversores de referencia podrían ser grandes constructoras y gestores aeroportuarios privados. Este grupo constituiría un núcleo duro que, con un tercio de la compañía de aeropuertos y junto con el Gobierno español, gestionaría los aeródromos españoles y decidiría sobre las inversiones a efectuar en los mismos, con la vista puesta en obtener el mayor retorno económico.
Estos accionistas deberían comprar entre un 20% y un 30% del capital de Aena de Aeropuertos, la entidad que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) creó para que gestionase los aeropuertos españoles, mientras que la antigua AENA se quedaba con la parte de Navegación Aérea. La idea de Ana Pastor, ministra de Fomento, es vender a empresas privadas hasta el 60% de Aena Aeropuertos. La mitad de esta venta se realizaría a estos accionistas de referencia, con un máximo del 10% en el capital de cada uno, y la otra parte a accionistas institucionales a través de una salida a bolsa.
Invitación al proceso
Para elegir a estos accionistas de referencia Aena cursará una invitación a aquellas empresas que crea que pueden encajar dentro de los criterios establecidos. Es decir, que ninguna empresa podrá presentarse al concurso libremente, sino que debe mediar una invitación concreta de la compañía pública para presentar una oferta. Aunque esta es una posibilidad contemplada en la Ley española, incluso en la de contratos del sector público, dota al proceso de un cierto grado de opacidad, ya que no despeja la duda de que los responsables de Aena puedan invitar a aquellas empresas conocidas o con cuyos directivos mantengan mayor contacto. Además, Aena tenía pensado fijar unos requisitos “a medida” para invitar a estos accionistas, pero el CCP avisó a la empresa pública que no debía ser discriminatoria, ya que condiciones demasiado restrictivas serían de “difícil” justificación.
Una vez que los inversores de referencia invitados hayan presentado la documentación necesaria, Aena decidirá cuáles son los que pasan a la fase de selección asignándoles una clasificación en función del cumplimiento de los criterios. En la fase de selección, los accionistas tendrán acceso a la documentación confidencial del proceso con los datos técnicos y económicos de la inversión, que deberán valorar para realizar su oferta. Para seleccionar a los candidatos, Aena valorará varios aspectos en las ofertas: precio máximo, cantidad de capital que están dispuestos a adquirir (cuanto más cerca del 10% más puntos obtendrán), periodo de compromiso de la inversión y plazo de tiempo en el que se comprometen a no adquirir acciones adicionales a las que se adjudiquen en el proceso de privatización.
Una vez asignados los puntos a cada oferta y ordenadas las mismas de mayor a menor puntuación, el Consejo de Administración de Aena decidirá a qué accionistas venderá el capital de la empresa pública. A pesar de esta arbitrariedad, para el CCP la discrecionalidad en la decisión de quienes serán los inversores de referencia “se encuentra acotada” (pero no desaparece) porque “el número de adjudicatarios se situará entre tres y cinco; el porcentaje total que se adjudicará estará entre el 20% y el 30% del capital social de AENA Aeropuertos; a cada adjudicatario se le adjudicará un porcentaje que se encuentre dentro de la horquilla que haya ofrecido”. Además, el Consejo refiere que en el caso de que se adjudique una cantidad inferior a la solicitada “a los adjudicatarios con mayor puntuación se les adjudicará, en todo caso, un porcentaje mayor de su horquilla que a los adjudicatarios con menor puntuación”.
Restricciones
El CCP también hace otra crítica velada al proceso de privatización. En el informe, el órgano asesor explica que Aena debería dar más importancia al valor máximo de las ofertas y al precio final. Pero para ello haría falta una mayor competencia, que conlleva una menor arbitrariedad a la hora de decidir quienes serán los inversores de referencia y fijar criterios menos restrictivos para ser invitados al proceso.
El Gobierno del presidente español Mariano Rajoy (PP) quiere usar el proceso de privatización de Aena para vender a las empresas internacionales que se puede invertir en España con seguridad porque es un país serio y que cumple sus compromisos. La primera prueba la tendrá en la selección de los accionistas de referencia, puesto para el que se postulan las principales constructoras españolas. La gestión de los aeropuertos es una golosina muy apetitosa, ya que España es un imán para el turismo extranjero, lo que garantiza un flujo constante de viajeros al año y, por ende, unos ingresos por el uso de los aeródromos.
Sin embargo, si el Gobierno no realiza bien su elección, puede suceder algo similar a las autopistas de peaje. Los ejecutivos de José María Aznar (PP, 1996-2004) y el de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE, 2004-2011) permitieron, al igual que muchas comunidades autónomas, la creación de autopistas de pago con planes de negocio irreales. Estas autopistas fueron financiadas en parte por las constructoras que las realizaron, que se aseguraban de esta forma su explotación a través de empresas concesionarias. La crisis y unos planes de uso inflados han llevado a la bancarrota a la casi la totalidad de estas empresas y el Gobierno se plantea rescatarlas con dinero público, exigiendo el mínimo sacrificio a las empresas constructoras que se encuentran detrás de las mismas. Un mal ejemplo de la incursión del sector privado en el público.