La tasa por alquilar vehículos en Baleares rebela a las empresas del sector

MADRID.- El Gobierno de José Ramón Bauza (PP), presidente de las Islas Baleares, está planteando imponer el cobro de una tasa por el alquiler de coches en las islas. La medida entraría en vigor en 2013, cuando se iniciase el nuevo ejercicio presupuestario, y ha soliviantado al sector del rent a car del archipiélago balear. El ejecutivo regional pretende imponer una tasa de entre 3,5 euros y 9 euros a los clientes de estas empresas que alquilen sus vehículos.

Desde la Asociación Menorquina de Alquiler sin Conductor refieren que esta medida penaliza “al tipo de turista que necesita Menorca, es el visitante que alquila un chalet, consume en restaurantes y comercios, y alquila un coche para tener movilidad y conocer la isla”. Las patronales del sector avisan de que el encarecimiento de los precios conllevará un menor uso del alquiler, una menor actividad y la pérdida de puestos de trabajo.

De momento, las empresas del sector están estudiando la forma de presionar al Gobierno en defensa de sus intereses y valoran la posibilidad de trasladar su domicilio fiscal fuera de las islas, allí donde obtengan un mejor trato fiscal. De esta forma no se evitaría cobrar el impuesto al cliente, pero los ayuntamientos de las islas sí dejarían de ingresar el impuesto de matriculación por los vehículos, que iría a parar a otros consistorios. Ello también redundaría en un descenso de los ingresos tributarios para la región balear.

Feneval, la patronal nacional del sector, mantiene que las empresas perderan 54 millones de euros de facturación en 2013 si la medida sigue adelante. La patronal ha dado a conocer un informe en el que refiere que esta tasa supondrá un aumento del precio de los alquileres del 15% y generará una “contracción del mercado en torno al 30 %”. Esto se traduciría en una reducción 360.000 contratos anuales en Baleares, con una repercusión económica para las empresas de alquiler de 54 millones de euros, de los que 11,3 millones corresponden a la parte proporcional de IVA.

Por su lado, Exceltur, el lobby turístico, advierte de que esta decisión es un “notable desacierto” y ha criticado que esta tasa introduzca una “denominación perversa” del concepto medioambiental “con la que intencionadamente busca asociarse para tratar de legitimarse, ya que lo que básicamente pretende es cubrir un déficit presupuestario”.