MADRID.- La industria aérea gastará cerca de 17.500 millones de euros entre 2012 y 2020 en Europa, cuando se incluya a las mismas en el régimen comunitario de mercado de emisiones de CO2 (ETS), que la UE aplicará a partir del próximo año. Esto son los cálculos que maneja el sector tomando como referencia una media de 28 euros de coste para el derecho de emisión en los próximos ocho años. Con toda seguridad, estos costes se repercutirán en el consumidor, que tendrá que pagar tarifas más caras.
Este mercado es un mecanismo que la Unión Europea ha puesto en marcha para controlar las emisiones que determinados sectores empresariales llevan a cabo. Como su propio nombre indica, se trata de un mercado en el que las compañías compran derechos para emitir gases a la atmósfera. Estos derechos tienen un precio que las empresas deben abonar. En el caso de que alguna aerolínea haya comprado derechos en exceso, podrán revenderlos a otras. El dinero recaudado con este método se dedicará a luchar contra el cambio climático.
El primer año se concederá gratuitamente el 85% de estos derechos a las aerolíneas y el 82% los años restantes. Es decir, las firmas deberán asumir el pago del 15% restante, unos 380 millones de euros en 2012. También se prevé reservar un 3% en el periodo 2013-2020 para nuevas empresas y compañías con gran crecimiento. El sector ha señalado que si una compañía mantiene sus emisiones en los niveles de 2004-2006, todavía tendrá que comprar el 18% restante.
La polémica está servida, porque las aerolíneas consideran que, en la actual tesitura del mercado, con un precio del petróleo al alza, sumar más costes a sus operaciones será un lastre. Desde la Unión Europea se recuerda que las compañías aéreas recibirán derechos gratuitos de emisión por valor de 20.000 millones de euros. La comisaria responsable de cambio climático en la Unión ha sugerido a las aerolíneas que usen el ahorro que les supondrá estos derechos gratuitos en la renovación de sus flotas por aviones menos contaminantes.
Desde la Asociación de Compañías Españolas de Transporte (Aceta), agrupación que representa al 85% del tráfico aéreo en España y que cuenta entre sus filas a Iberia, Vueling, Air Nostrum, Air Europa, Orbest y BinterCanarias, han mostrado su malestar por estas afirmaciones y se han sumado al comunicado emitido por la Asociación Europea de Aerolíneas (AEA), la Asociación Europea de Aerolíneas Regionales (ERA) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
A este respecto, el director general de la AEA, Ulrich Schulte-Strathaus, ha calificado de “absurdo” referirse a los derechos de emisiones de CO2 como “ingresos” y ha aclarado que los derechos concedidos no se materializan en dinero que las aerolíneas “puedan volver a invertir”. Por su lado, Mike Ambrose, director general de la Asociación de Aerolíneas Regionales, ha afirmado que “la Comisión está completamente equivocada”, asegurando que esta medida dificultará precisamente las inversiones que la industria está llevando a cabo en nuevas tecnologías y en el desarrollo de biocombustibles. Por su lado, Sylviane Lust, responsable de la Asociación Internacional de Transportistas Aéreos, ha recordado que las compañías aéreas dependen de las conexiones aéreas para su negocio y que el hecho de asumir un nuevo coste en un contexto de incertidumbre económica solo dificultará más la recuperación.
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